Más allá de optimizar procesos y prevenir la corrupción, la transformación digital del Estado tiene el potencial de cerrar las brechas”.
Si bien los escándalos de corrupción llenan las primeras planas de los periódicos, no hay evidencia empírica de que la corrupción se haya incrementado en las últimas décadas. Lo que sí está claro es que continúa en niveles inaceptablemente altos para una región de ingreso medio-alto como América Latina.
En una escala de 0 a 100 (siendo 0 muy corrupto y 100 nada corrupto), el índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional sitúa al grueso de países de la región con resultados menores a 50 puntos. Además, el costo de la corrupción puede representar el 2% del PIB mundial y, según analistas, la persistencia de altos niveles de corrupción y la debilidad de las instituciones pueden estar causando la “trampa del ingreso medio” en el que está la región.
En este escenario, las nuevas tecnologías generan cierto optimismo. Y es que la revolución digital no es solo de la economía, sino del Estado. Bien gestionados, los datos masivos, la inteligencia artificial o los algoritmos tienen gran potencial para prevenir la corrupción y mejorar la eficiencia del sector público. Por ejemplo, la automatización de procesos, la digitalización de servicios, la optimización de sistemas de gestión pública y de rendición de cuentas pueden contribuir a minimizar la malversación de fondos en la provisión de beneficios sociales, licitaciones públicas o inversiones en infraestructura.
Son varios los países de la región que están impulsando reformas agresivas para digitalizar sus gobiernos, abrir sus datos y mejorar así la eficiencia y transparencia de sus administraciones públicas, caracterizadas por regulaciones complejas y trámites engorrosos que permiten abusos y sobornos. Uruguay y México son miembros del grupo selecto de los nueve países digitales más avanzados, el D9, que integraron en el 2018. Paralelamente, Panamá ha logrado progresos importantes en su transformación digital, según el índice de gobierno electrónico de la ONU. Además, 6 países de la región, encabezados por México y Brasil, están entre los 20 gobiernos con mayores datos abiertos. Sin embargo, no alcanzamos el grado de madurez digital comparable con líderes como Dinamarca o los de progresos más fulgurantes, como Estonia.
Más allá de optimizar procesos y prevenir la corrupción, la transformación digital del Estado tiene el potencial de cerrar las brechas que históricamente han separado a gobernantes y ciudadanos, incluso en democracias maduras, y mejorar la gestión pública y garantizar transparencia, dos indicadores clave de satisfacción de los electores.
En América Latina, una región cada vez con más jóvenes, más urbanizada y conectada, la transformación digital ofrece innumerables oportunidades para adaptar las instituciones a las demandas de la sociedad civil y las aspiraciones crecientes de las clases medias. Pero si analizamos el grado de implantación digital en los Estados, y en las empresas, todavía hay un largo camino por recorrer.
Con la intención de ahondar en este debate e impulsar la transformación digital de los países latinoamericanos, expertos regionales y globales se reunirán en México el próximo 11 de marzo, en un evento organizado por CAF, para abordar, entre otros temas, el establecimiento de agendas digitales en los Estados de la región. Las medidas técnicas y las iniciativas políticas son imprescindibles para contribuir a restaurar la confianza de los ciudadanos hacia sus gobernantes, así como reducir los casos de corrupción tan sondos e ue América Latina nos ha acostumbrado en los últimos años. Y, también, posiblemente, logren contrarrestar la resignación latinoamericana ante la corrupción.