Por qué las economías digitales necesitan de un sindicato?

Tanto el gobierno nacional como los sindicatos creen que es momento de tomar la iniciativa para formalizar la relación patronal entre las empresas tecnológicas y los que las usan para obtener un ingreso. 

 

No se puede desconocer el aporte de las nuevas plataformas tecnológicas como Uber, Rappi, Aribnb en crear nuevas plazas de empleo para personas que necesitaban de un dinero extra. También revolucionaron modelos de negocio como el transporte, los domicilios o las estadías, que por años mantuvieron las mismas condiciones para sus clientes. 

Mientras seguían creciendo, empezaron también las dudas de los propios trabajadores y su relación con las nuevas economías digitales, por ejemplo, la cantidad de horas que debían trabajar, la tarifa que recibían al terminar de prestar el servicio y un asunto que no es menor, quién es el responsable de su seguridad social. 

Rappi fue el que más recientemente prendió las alertas sobre la responsabilidad de una empresa digital con sus trabajadores. Una caravana de ‘rapitenderos’ se movilizó por las principales vías de Bogotá en busca de mejores condiciones laborales, principalmente en el pago de sus domicilios. Después se conoció que en Argentina crearon el primer sindicato de plataformas del país, la Asociación de Personal de Plataformas (APP) la cual busca organizar a los trabajadores que transportan productos y personas, así como darle mayor legitimidad a sus quejas y reclamos en busca de mejoras. 

Roger Rojas, secretario general del sindicato, recalcó que la idea surgió al notar que actualmente no existe “un ente o un abogado de los trabajadores de plataformas tecnológicas, es un vacío que se está sintiendo en todo el mundo y por eso las protestas han venido en aumento”. 

Aunque la intención no es causar conflicto ni imponerse ante los creadores de las aplicaciones mediante las cuales obtienen su sustento, el vocero recalcó que sí lucharán para crear una mesa de negociación entre ellos, los dueños de las plataformas e incluso el estado. 

“Mediante este espacio podremos crear condiciones y beneficios para todas las partes, que sea una salida de integración y participación con la cual se evite la toma de decisiones en las cuales se les prive el derecho del habla a los trabajadores”, apuntó Rojas. 

Incluso, Uber también cuenta con voceros de los trabajadores en distintos países, indicó Guy Levin, jefe de políticas públicas de la empresa californiana. Durante el 30 Congreso de Asocajas 2018, realizado en Cartagena, el vocero manifestó que con frecuencia “las leyes son perversas con nuestros trabajadores independientes”, y agregó que la empresa siempre ha estado en disposición de cumplir con las normas de los países donde tienen operación. 

Los sindicatos han sido históricamente la manera de los trabajadores de obtener las garantías para el ejercicio de la actividad y así evitar atropellos por parte de las empresas. Fueron ellos los que lograron avances importantes como la implementación de una jornada laboral de un máximo de horas al día, el acceso a la salud y pensión, el pago de un salario mínimo y el respeto por la protesta social. 

Pero la llegada de las economías digitales no deja muy claro quién es el responsable por estos empleados, ya que muchas empresa consideran que sus servicios están en la nube y que los que ingresan al aplicativo son independientes y por lo tanto, deben asumir ellos mismos su seguridad social. 

Rappi cuenta con operaciones en Colombia, Argentina, Brasil, México, Chile y Uruguay y en días pasados anunció que abriría Perú. En total, tiene 1.500 empleados y más de 25.000 repartidores en los países donde hace presencia. Solo en Colombia, maneja 13 millones de usuarios activos. 

Uber está funcionando en 600 ciudades y desde el momento de su creación ha realizado más de 10.000 millones de viajes. Más de 3 millones de personas son usuarios de Uber Driver, ya sea como conductor o como pasajero. Y según Levin, el fuerte han sido los jóvenes, donde más de 64 millones de personas en el mundo en esta edad no logran ubicarse laboralmente. 

El debate en Colombia

La caravana de los domiciliarios de Rappi llamó la atención del gobierno, en cabeza de Alicia Arango, ministra de Trabajo. “Nosotros ya tuvimos una primera reunión con Rappi y la empresa está dispuesta a revisar los temas para las prestaciones de sus rapitenderos”, indicó. 

De acuerdo a la alta funcionaria, el tema de la contratación laboral en Colombia hay que flexibilizarlo y se necesita modificar algunas normas con el objetivo que las personas puedan hacer sus pagos a salud por horas para no estar desprotegidos por el Sistema de Seguridad Social y Riesgos Laborales. 

Pero también llamó la atención a los empleos de venta directa donde sus promotoras son vistas como independientes, con bajos niveles de ingreso que no alcanzan para cubrir el pago de sus obligaciones sociales. 

“Es que eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, tenemos que revisar esas formas de contratación que entre comillas son independientes pero son muy mal pagas y entonces las personas no tienen a veces con qué cubrir la pensión y la salud porque lo que ganan no les alcanza y entonces ellas prefieren ser informal porque tienen que trabajar”, indicó Arango. 

A su turno, José Dionisio Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), explicó que el tema está siendo observado internacionalmente, donde la CUT tiene asiento en el movimiento sindical del continente y también en el movimiento internacional. “Tenemos una conclusión, es que todos son trabajadores, entonces vamos a tener que empezar a sindicalizar. Eso que parece que están en la nube y que no tienen un patrón, sí lo hay”, dijo el vocero. 

“Uber tiene gente de carne y hueso, que lo que consideramos es que tienen que responder. No es justo que alguien esté trabajando para una empresa, que se moviliza en una motocicleta o en una bicicleta y nadie lo está protegiendo. Es un trabajo y alguien tiene que responder y como movimiento sindical nosotros estamos estamos mirando cómo vamos a meter la mano a eso”, puntualizó. 

La movida de Domicilios.com 

En medio del debate sobre la protección a los trabajadores y el pago de la seguridad social, la empresa de repartos por Internet anunció el desarrollo de un nuevo modelo logístico que permite a sus domiciliarios estar al día con los aportes que deben hacer por ley a salud, pensión y ARL. 

A partir del próximo 1 de noviembre, Domicilios.com implementará en todas las ciudades del país donde tiene operación, su nuevo modelo logístico a través del cual los domiciliarios tendrán acceso a todas las garantías de seguridad social, y a algunos beneficios adicionales financiados por la compañía, a la vez que disfrutan la flexibilidad que maneja la economía colaborativa. 

Con este modelo, la compañía se propone contribuir a la solución de tres problemáticas bien conocidas en el sector: déficit pensional, déficit en el régimen contributivo del sistema de salud, y seguridad vial. “Estamos sumamente orgullosos de poder decir que somos la única compañía que funciona bajo el modelo de economía colaborativa, que en realidad piensa y protege a los domiciliarios, estamos convencidos que el crecimiento de una compañía es importante, pero este no debe darse a toda costa”, indicó Camilo Sarasti, country manager de Domicilios.com. 

A través de este modelo Domicilios.com absorberá el 100% del valor de la ARL de cada colaborador, y los aportes a salud y pensión, elementos que son obligatorios por ley, los cuales serán calculados basados en las horas y días trabajados por cada domiciliario, por medio de un sistema de pagos semanal. Esto quiere decir que ante cualquier situación, los domiciliarios estarán cobijados. Además, Domicilios.com obsequiará un seguro de vida a todos los repartidores que trabajen al menos un turno al mes con esta plataforma tecnológica, así los domiciliarios estarán cubiertos dentro y fuera de su turno ante cualquier evento. 

En Colombia, el 50% de los trabajadores no cuentan con seguridad social, esto sumado a los índices de desempleo, que según el DANE, para el mes de agosto de 2018 fue de 9,2%, lo que significa alrededor de 2.286.000 personas en esta condición.

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