A estas apps hay que regularlas, no bloquearlas. Deben cumplir la ley, pero la ley debe evolucionar.
El bloqueo, temporal o definitivo, de una 'app' podría cambiar las reglas de juego del negocio de Internet en Colombia.
¿Es Uber una forma de competencia desleal para un gremio como el de los taxistas? Se necesitaría un esfuerzo de la imaginación para contestar que no. Claro que lo es. Y sin embargo, la idea de que por una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se ordene un inédito bloqueo de una 'app' en un país en el que las autoridades no cesan de alabar las virtudes de la Economía Naranja es, con todas sus letras, una vergüenza.
Porque Uber no aterrizó en el paisaje empresarial colombiano hace cinco minutos, sino que en octubre de 2019 se cumplieron seis años de su presencia en el país. Son seis años en los que el Estado tuvo la oportunidad -y diría yo, falló en la obligación- de entender el modelo de transporte mediado por plataforma… y regularlo.
Obviamente no lo hizo, y por eso cuando se producen esta clase de acciones, de las que la de la SIC es la más severa, suelen surgir de manera reactiva y a menudo impulsadas por el interés, siempre legítimo, de sectores que buscan proteger sus territorios. Eso sí, la indecisión del Gobierno o la falta de flexibilidad de Uber jamás justifican las agresiones o la violencia de algunos taxistas.
El problema es que a Uber -y a empresas similares- hay que regularla mirando hacia adelante, y por lo general optamos por sancionarla mirando hacia atrás.
Lo que no quiere decir que proponga dejar las cosas como están. Es cierto que Uber, en especial servicios como UberX o UberPool, juegan con reglas distintas a las que han cumplido por décadas las empresas de taxis, y es en ese sentido que constituyen una competencia injusta para el gremio. Pero también es cierto que en ciudades como Bogotá la llegada de un servicio eficiente, confiable y amable ha tenido efectos innegablemente positivos, que se han reflejado, incluso, en una mejora del servicio que prestan los taxis. En lugar de bloquearla, debería regularse el modo en que funciona, para equilibrar las cargas. En lugar de pedir que la desmonten, los taxistas harían bien en emular su sentido de la atención, de seguridad y de servicio, y no solo su tarifa dinámica.
Lo he dicho antes, como empresa, Uber comparte la culpa del Gobierno al no haber buscado con mayor decisión salidas al asunto y haberse permitido operar en un limbo incómodo y peligroso. Es difícil entender cómo, en plena polémica, Uber comenzó a recibir pagos en efectivo y también es difícil entender cómo en plena polémica, el Gobierno comenzó a recibirle el recaudo del IVA, que según la compañía pasa ya de los 70.000 millones de pesos.
Y en ese interín, los usuarios siguen escondiéndose para usar un servicio que es legal en muchas otras partes del mundo y los conductores salen a ganarse la vida de manera honrada, pero expuestos al riesgo de sanciones de parte de las autoridades.
¿Acaso duda alguien que miles de usuarios y conductores derivarán, si se ven impedidos para usar Uber, hacia 'apps' similares como Didi, Beat o Cabify, a las que no cobija el fallo de la SIC? ¿Qué pasa si este episodio impulsa el crecimiento de Picap, que no es otra cosa que mototaxismo mediado por plataformas?
Finalmente, me preocupa el precedente: el bloqueo, temporal o definitivo, de una 'app' podría cambiar las reglas de juego del negocio de Internet en Colombia. La innovación disruptiva se merece el adjetivo, precisamente, por sus efectos en las maneras habituales de hacer las cosas. Si bloqueamos a Uber por competencia desleal, ¿qué sigue? ¿Quizás Netflix, para proteger a los canales y cableoperadores? ¿De pronto Rappi, o Airbnb? Bloquear a Uber para proteger a los taxistas equivale a lo que habría sido, en su momento, prohibir las cámaras digitales para proteger a Foto Japón. Esta última decisión de la SIC envía al mundo el mensaje de que Colombia apoya la innovación solamente si no se atraviesa en el camino de negocios ya establecidos y la orden de frenar el tránsito de los datos asociados a su uso atenta contra el principio de Neutralidad en la Red, que garantiza que Internet sea un espacio libre, en donde toda la información es tratada igual.
A Uber y a sus similares hay que regularlas, no bloquearlas. Por supuesto que deben cumplir la ley, pero la ley necesita evolucionar. La competencia desleal que representa la innovación disruptiva se soluciona con marcos legales modernos, justos, que protejan y exijan a todos. Tras los Uber vienen los domicilios, los monopatines, las bicicletas de alquiler. Y, pronto, tendremos que hablar de cómo se regulan carros voladores o vehículos sin conductor. No tengo idea de los desafíos de regulación que llegarán de mano de cada vez más asombrosas tecnologías pero sí sé una cosa: nunca ha sido buena idea, para nadie, fallar o legislar en contra de la innovación.