El equipo a cargo del proyecto ¨oficial¨ que permitiría a la próxima administración del gobierno federal utilizar la tecnología de Blockchain en contratos públicos y licitaciones a fin de evitar la corrupción, enfrenta tres retos: fomentar y lograr que se implanten redes de Blockchain en el país; hacer accesible esta tecnología y sus aplicaciones al público en general y que existan profesionales capacitados en su desarrollo, soporte y planteamiento de ‘smart contracts’ o contratos inteligentes.
Rafael Salas encabeza el proyecto, es director general de Dividendee, se dice experto en Sustentabilidad, Finanzas y Blockchain; la parte técnica está liderada por Saiph Savage, investigadora de la UNAM.
A través del documento “AMLO y la Estrategia Nacional del Blockchain” (https://goo.gl/g8ABec) Salas expone que el proyecto considera las mejores prácticas en la tecnología de cadena de bloques que, entre otras, apoyan organizaciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, lo mismo que las experiencias que tienen países como el Reino Unido y los Emiratos Árabes Unidos al emplearla en funciones públicas. A Salas lo avala un curriculum que lo señala como fundador y ex presidente de la asociación civil Liderazgo Joven, director general de CILFORSA y DIVIDENDEE, miembro del Club Líderes del Futuro de la revista Líderes Mexicanos, entre otras credenciales.
El objetivo de la iniciativa es digitalizar procesos burocráticos; validar el ejercicio de recursos públicos asignados a programas sociales o contrataciones públicas y evitar la opacidad en las licitaciones públicas.
Pero el ¨oficial¨ no es el único proyecto tecnológico que se propone con el fin de usar datos e información para impulsar la transparencia. Hace unos días, el Laboratorio de Emprendimiento y Transformación (LET) de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey llevó a cabo en el campus Querétaro la 4a edición de su programa internacional de emprendimiento público, Mecate, con la participación de organizaciones como México Evalúa, el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (Imco), Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y Transparencia Mexicana. Ahí se propuso desarrollar una plataforma que permita la sistematización y análisis de la información sobre contratos de obra pública en los estados de Nuevo León y Chihuahua, con la finalidad de identificar patrones que sugieran irregularidades como contratos a modo, adjudicaciones directas por encima de los límites legales y a través de análisis de redes, ubicar empresas que tienen el mismo representante legal y que simulan competencia en los procesos de licitación.
Marco Antonio Fernández Martínez, profesor investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey e investigador de México Evalúa, dijo que se conjuntó el trabajo de desarrolladores de tecnología, politólogos, periodistas, científicos de datos y emprendedores públicos, para generar un índice de riesgo de corrupción, que es una iniciativa que se trabaja con México Evalúa y el Instituto Mexicano para la Competitividad, donde se podrá hacer la sistematización y análisis de la información sobre contratos de obra pública en los estados de Nuevo León y Chihuahua.
El objetivo último es que, con la ayuda de programadores, se desarrolle un software que permita prevenir estos casos de corrupción a través de banderas que mediante colores adviertan sobre anomalías y con esto orientar a las autoridades para posibles auditorías por parte de las secretarías de la función pública de cada entidad.