Con mucha satisfacción, desde WCA Argentina hemos recibido la noticia que la Oficina Anticorrupción (OA) publicó el pasado viernes 7 de agosto la “Guía para la Creación y Fortalecimiento de las Áreas de Integridad y Transparencia en Jurisdicciones Nacionales, Provinciales y Municipales” (Resolución 16/2020). Ello por cuanto, desde nuestra creación como Asociación dedicada al estudio y conocimiento de los Programas de Integridad-Compliance, hemos puesto el foco en el compliance público, creando incluso un Comité que trabaja específicamente estas temáticas. Con la convicción que no era suficiente abordar el estudio del compliance solo desde el ámbito corporativo, sino que era necesario abogar por el desarrollo de Programas de Integridad en el sector publico, siempre con una mirada multidisciplinaria y federal.
Ahora bien, la Resolución de la OA entiende que para la transversalización de la transparencia en la gestión pública se requiere de recursos y herramientas que faciliten el diseño e implementación de una política integral de transparencia en el ámbito jurisdiccional. Por lo cual, será necesario brindar orientación tanto a los organismos del Sector Público Nacional como a los organismos provinciales y municipales en la creación de áreas de integridad y transparencia, como también en el fortalecimiento del trabajo emprendido en esa línea.
Para este objetivo, la disposición comienza formulando disparadores para luego dar respuestas y brindar una serie de recomendaciones concretas a la hora de la implementación de Políticas de Integridad. Preguntas tales como ¿por qué es necesario incluir a los gobiernos provinciales y municipales? ¿Por qué crear áreas de transparencia? ¿Cómo y dónde crearlas? ¿Y qué funciones desarrollarán dichas áreas?
La Resolución entiende que incluir a los gobiernos locales y municipales, además de cumplir con Convenciones Internacionales ratificadas por nuestro país, permitirá capitalizar la oportunidad de construir confianza entre los ciudadanos y los gobiernos.
A la pregunta de por qué crear áreas de transparencia, la normativa plantea varias respuestas. Primero, porque brindará un mensaje claro sobre la relevancia de las políticas y jerarquizará la agenda de transparencia, segundo, porque se proporcionarán herramientas concretas para la gestión, para prevenir irregularidades y para responder frente a ellas.
En cuanto a cómo y dónde crear las áreas de transparencia, podrá variar según el caso, lo que si no deberá faltar es que la unidad que se cree deberá estar jerarquizada en el organigrama, estableciendo de manera clara su campo de acción y, fundamentamente, se deberá evidenciar la voluntad política del máximo referente organizacional junto a un liderazgo técnico que oriente la acción.
Por último, respecto de que funciones realizarán estas areas de transparencia, la OA enumera varias, desde generar programas de capacitación, formación y sensibilización sobre integridad y transparencia, asesorar en la elaboración de marcos legales y en el diseño e implementación de políticas públicas en el ámbito jurisdiccional, generar espacios de trabajo junto con organismos internos y externos de auditoría y control, implementar sistemas integrales de Declaraciones Juradas y Patrimoniales, desarrollar políticas de transparencia en materia de compras y contrataciones, en materia de conflicto de intereses, de registro de audiencias, de viajes, de obsequios, entre tantas otras.
Ahora bien, para lograr que estas áreas de transparencia nacionales, provinciales y municipales alcancen sus objetivos, será clave elaborar previamente un mapa de riesgo de integridad para definir acciones, un mapa de actores de cada organización, y primordialmente, contar con un presupuesto realista, que contemple incluso financiación externa de ser necesaria y la colaboración de especialistas para el desarrollo de iniciativas específicas.
Creemos que la iniciativa de la Oficina Anticorrupción, con aportes de la Dirección de Integridad y Transparencia de la Subsecretaría de Empleo y Gestión Pública de la Jefatura de Gabinetes, no solo cumple con Convenciones Internacionales vigentes, sino que resulta un paso central para transversalizar politicas de integridad en el ambito del sector público. Será fundamental, en adelante, las voluntades políticas subnacionales para llevarla a la práctica.