De salir del país estos aplicativos, según indica Alianza In, se pondrían en juego ingresos de más de 100.000 personas.
Desde la llegada de las plataformas digitales en el país, más específicamente Uber en el año 2013, se desató toda una polémica por el uso de estos aplicativos para que vehículos particulares prestaran servicios de movilidad a los colombianos.
Taxistas a lo largo de estos nueve años han argumentado la necesidad de eliminar estas plataformas del país ya que se ‘eximen de varios costos que ellos deben asumir’, mientras que las aplicaciones aseguran que Colombia debe adaptarse a la necesidad de nuevas modalidades de transporte.
En medio de esta polémica y con la llegada de más plataformas desde el año 2015 (Cabify) hasta 2019 (Didi), las aplicaciones de movilidad han logrado adaptar su modelo de negocio a las políticas colombianas, incluso, pese a los baches que se han presentado para dar una regulación clara.
El pasado 4 de mayo de 2021, la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes hundió el proyecto de ley que buscaba regular las plataformas de movilidad como Didi, Beat, Cabify y Uber, y así garantizar a los ciudadanos la libertad de escoger su movilidad y sus beneficios, pese al avance del primer debate del proyecto.
Con casi una década en el mercado, las empresas de aplicaciones han lanzado mensajes de urgencia para operar en el país de manera legal, sin embargo, el presidente Gustavo Petro, el pasado 6 de octubre, puso un freno a la discusión.
El mandatario aseguró después de una reunión con el sector de los taxistas que: “Se combatirán las formas de ilegalidad en la prestación del servicio público de pasajeros desde la reducción de la pobreza y la generación de empleo, evitando que las multinacionales que utilizan plataformas se lleven las riquezas que generan nuestros conductores”.
Ante esta premisa, José Daniel López, director de Alianza In, gremio de Aplicaciones e Innovación, fue enfático en que actualmente estas aplicaciones operan de manera legal en el país y operan bajo el principio de neutralidad de red que protege a los contenidos en internet por parte de intervenciones del Gobierno.
En el país hay varias opciones de apps de movilidad. Algunas de ellas son: Uber, DiDi, InDriver, Beat.
“Son legales porque operan también en el principio de legalidad, porque varias de ellas operan en una figura de alquiler de vehículo con conductor que hace parte del ordenamiento jurídico colombiano. Más de 100.000 personas generan ingresos a través de las plataformas digitales de movilidad y ellos deben ser el centro de la discusión porque no estamos hablando de reglamentar una actividad a futuro, sino de reglamentar una actividad legal”, señaló López.
Con este compromiso de personas recibiendo ingresos, el gremio solicita se trabaje bajo esa premisa ya que el ‘sustento’ de algunas familias se vería en juego.
“No solo se pone en juego la libertad de elegir que es un argumento. Los ciudadanos del siglo XXI no tienen que verse sometidos a monopolios y elegir cómo transportarte en casos como Bogotá donde la oferta de movilidad es muy inferior a la demanda”, señaló.
Para empresas como Cabify, declaraciones como las dichas por el presidente Petro podría representar reiteran lo dicho por López, ‘operan bajo el marco legal existente’.
“En Colombia, contamos con más de 70.000 conductores dentro de nuestras categorías de vehículo privado, corporativo y envíos que están disponibles en nuestra plataforma. Estamos convencidos de que contar con reglas claras y equilibradas impulsará la sana competencia, la libertad de elección del ciudadano y la seguridad jurídica del país”, señaló la empresa.
Aunque el debate sigue en el ojo del huracán López aseguró que en los próximos días se reunirán con el ministro de Transporte Guillermo Reyes para dialogar el tema. “Ya estamos preparando propuestas específicas”, concluyó.