En tiempos electorales, la información circula con una velocidad que supera la capacidad humana de procesarla de manera crítica. Y aunque las redes sociales y los grupos de mensajería han democratizado la conversación pública, también han abierto escenarios complejos donde la privacidad, el consentimiento y el derecho a decidir cómo interactuamos digitalmente se ven vulnerados. La reciente advertencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, al recordar que ninguna persona puede ser agregada a grupos de WhatsApp con fines electorales sin su autorización previa, vuelve a poner sobre la mesa un debate necesario: la frontera entre participación política y la invasión digital. Esta decisión no solo protege datos personales; también preserva la autonomía del ciudadano frente a la manipulación informativa y la presión de grupos. En un contexto de desinformación creciente, cuidar la privacidad es también proteger la democracia.
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Desde hace más de tres décadas he podido observar cómo las dinámicas electorales han cambiado al ritmo de la tecnología. Lo que antes era un recorrido puerta a puerta hoy se ha convertido en una avalancha de mensajes, memes, cadenas, audios y videos que buscan moldear la intención de voto más por saturación que por reflexión. Sin embargo, esta evolución no puede justificar el uso indebido de datos personales ni la vulneración de espacios privados como los grupos de WhatsApp, un lugar que, aunque digital, cumple funciones similares a la intimidad de un hogar. Por eso, la advertencia de la Superintendencia de Industria y Comercio no es un simple pronunciamiento jurídico: es una alerta ética, política y social que debemos entender con profundidad.
La SIC recordó que agregar a una persona a un grupo de chat sin su consentimiento viola la Ley 1581 de 2012 y los principios de tratamiento de datos personales, especialmente cuando se trata de propaganda electoral. No se trata únicamente de una formalidad legal; es una defensa explícita del derecho que cada ciudadano tiene a controlar quién se comunica con él y para qué propósito. Lo que muchos consideran “solo un mensaje más” puede convertirse en una experiencia intrusiva, desgastante y, en ocasiones, peligrosa cuando los contenidos que circulan buscan manipular, polarizar o desinformar.
En la práctica, cuando alguien incorpora a otras personas en un grupo de elecciones sin pedirles permiso, está creando un canal de comunicación inevitable. Un ciudadano no debería verse obligado a participar de conversaciones que no desea, ni a recibir propaganda que no solicitó. Esta práctica, que parecería menor, en realidad erosiona la confianza digital, deteriora el ambiente democrático y profundiza la sensación de invasión constante.
Los expertos en protección de datos han sido enfáticos: el consentimiento sigue siendo la piedra angular del ecosistema digital. Sin consentimiento no hay legitimidad, y sin legitimidad no hay confianza. Y sin confianza, ninguna conversación política puede considerarse sana. Esto coincide con reflexiones que desde TODO EN UNO.NET venimos desarrollando hace años: la transformación digital no puede ser un camino hacia el abuso, sino un puente hacia la funcionalidad ética, humana y sostenible. No se trata de usar tecnología porque sí, sino de usarla de manera que respete la dignidad de las personas.
Ahora bien, esta decisión de la SIC se produce en un contexto especialmente sensible. Las últimas semanas han dejado ver cómo la conversación electoral es vulnerada por desinformación, manipulación y estrategias digitales opacas. Expertos han señalado que combatir las “fake news” en tiempos de elecciones es tan urgente como difícil. No basta con desmentir; se requiere fortalecer capacidades ciudadanas, promover pensamiento crítico y, sobre todo, evitar prácticas que alimenten la polarización. Forzar a un votante a entrar en un grupo donde circula contenido no verificado es, precisamente, lo contrario de lo que el país necesita.
Ese análisis se conecta profundamente con lo que exploramos en el blog: “¿Cómo combatir las 'fake news' en etapa de elecciones y disminuir la polarización preelectoral?”. Allí mostramos que la desinformación opera en ecosistemas saturados, donde el ciudadano ya no tiene tiempo de verificar. Este tipo de grupos no autorizados se convierten en el escenario perfecto para que rumores, audios manipulados o datos incompletos circulen sin filtros. Y si algo ha enseñado la experiencia, es que cuando la emoción supera a la razón, la verdad deja de importar. La decisión de la SIC, entonces, es también una acción preventiva contra la desinformación.
Un elemento adicional muestra la relevancia del momento: las plataformas tecnológicas globales están adoptando medidas extraordinarias para frenar la manipulación política. Meta, por ejemplo, anunció la suspensión temporal de la publicidad política en la Unión Europea, un precedente que, aunque no aplica directamente a Colombia, abre una discusión necesaria sobre el futuro de la comunicación electoral digital. En nuestro blog “Meta suspende publicidad política en la UE: ¿qué viene para Colombia?” analizamos cómo estas decisiones evidencian un problema que no se resuelve solo con regulación: se requiere una cultura digital madura, respetuosa y funcional.
Lo que está en juego no es solamente la privacidad; es la calidad de la democracia. Cuando un ciudadano recibe información sin haberla solicitado, en un entorno que no eligió, se altera su capacidad de discernir. Y cuando la conversación política se vuelve una imposición, se pierde el valor del diálogo. El consentimiento es más que una formalidad: es el reconocimiento de la libertad individual.
Además, la advertencia de la SIC está alineada con fenómenos tecnológicos que aumentan el riesgo durante las campañas. En TODO EN UNO.NET lo hemos evidenciado en análisis como “Ataques DDoS en época electoral: más que un riesgo, una amenaza para la democracia”, donde mostramos cómo la infraestructura digital del país se convierte en blanco de ataques cuyo objetivo es generar caos informativo. Cuando sumamos ataques, desinformación y el uso indebido de datos personales, aparece un cóctel que desestabiliza la confianza ciudadana. Proteger los datos, entonces, no es solo un acto de cumplimiento normativo: es una medida de seguridad democrática.
Igualmente, en el blog “Redes sociales y política: lo que no te han contado” explicamos que la conversación digital es un espacio donde el ciudadano se mueve entre la participación y la exposición. Las redes dan voz, pero también exponen al riesgo de manipulación. El simple hecho de ser añadido a un grupo que no se solicitó coloca al usuario en una posición vulnerable: se convierte en receptor obligatorio de información cuyo origen desconoce. Y en tiempos electorales, la autoría, la intencionalidad y la veracidad son determinantes.
Es importante entender que la SIC no prohíbe la conversación política ni limita la expresión ciudadana. Lo que establece es un principio básico: nadie puede usar datos personales para fines electorales sin autorización. Y un número celular, en la lógica de WhatsApp, es un dato sensible porque permite crear conexiones directas entre personas sin intermediación. Agregar a alguien a un grupo es, de hecho, un acto de tratamiento de datos. Y como todo tratamiento, debe ser autorizado.
La democracia necesita participación, pero no a cualquier costo. El consentimiento es la frontera que garantiza que la tecnología no se convierta en un vehículo de abuso. Desde mi experiencia acompañando a empresas y organizaciones durante más de treinta años, he aprendido que la tecnología solo es funcional cuando respeta al ser humano. Esa es la filosofía que ha guiado TODO EN UNO.NET desde 1995 y que seguirá guiándonos: la tecnología debe servir, no imponerse.
También es necesario que los ciudadanos entiendan que la privacidad es un derecho activo, no pasivo. No basta con reclamar después; es necesario ser conscientes de cómo nuestros datos circulan, quién los usa y para qué. Si permitimos que prácticas ilegítimas se vuelvan normales, terminaremos renunciando a derechos que costaron décadas construir.
Por eso, la advertencia de la SIC debe asumirse como una oportunidad para educar, no solo para sancionar. Las campañas políticas, los equipos de comunicaciones, los líderes territoriales y los ciudadanos tienen la responsabilidad de desarrollar prácticas digitales responsables. Preguntar antes de agregar, solicitar consentimiento informado, y permitir siempre la salida voluntaria son acciones mínimas que fortalecen el tejido democrático.
Y si ampliamos aún más la mirada, encontramos que este llamado es coherente con la tendencia internacional de proteger el ecosistema informativo. El mundo avanza hacia regulaciones cada vez más estrictas frente al uso político de datos, la publicidad segmentada y la manipulación emocional con fines electorales. Colombia no puede quedarse atrás. Proteger la privacidad no es un capricho: es una medida que sostiene la confianza institucional y la legitimidad del proceso electoral.
Como consultor senior y fundador de TODO EN UNO.NET, siempre insisto en que la tecnología debe ser un habilitador, no un riesgo. La digitalización con sentido humano es la única vía sostenible para un país que desea modernizarse sin sacrificar sus valores democráticos. Y en este caso, la advertencia de la SIC es un recordatorio claro de que el respeto por el ciudadano empieza por respetar sus datos.
Lo que sigue para Colombia dependerá de nuestra capacidad colectiva para utilizar la tecnología de manera ética y funcional. No se trata de prohibir la innovación, sino de enmarcarla en principios que protejan a la ciudadanía. La democracia, después de todo, es una conversación continua. Pero esa conversación debe empezar por el respeto.
Cada ciclo electoral nos recuerda que la democracia no se sostiene únicamente en los debates públicos, las propuestas o los candidatos, sino también en la manera como conversamos, interactuamos y decidimos en el mundo digital. La advertencia de la SIC es mucho más que una norma: es un llamado a fortalecer la cultura digital del país desde la atracción, la conversación y la fidelización democrática. La atracción ocurre cuando ofrecemos información clara, transparente y respetuosa; cuando invitamos al ciudadano a participar desde la libertad y no desde la presión. La conversión se logra cuando comprendemos que el consentimiento no es un trámite, sino un puente que genera confianza y legitimidad entre quienes comunican y quienes reciben el mensaje. Y la fidelización se construye cuando, campaña tras campaña, fortalecemos hábitos digitales sanos, basados en respeto, privacidad y responsabilidad.
Colombia necesita organizaciones, empresas, equipos políticos y ciudadanos que entiendan que la tecnología no reemplaza a la ética. La complementa. Y cuando se usa con sentido humano, se convierte en una herramienta poderosa para construir democracias más sólidas. Este es el momento de promover conversaciones digitales conscientes, evitar la invasión de datos personales y crear entornos donde la información sea un recurso para decidir, no un arma para presionar. La transformación digital del país no será real mientras la conversación electoral siga siendo impulsiva, invasiva o manipulada. Pero cuando alineamos la tecnología con el respeto, la confianza y la educación digital, creamos un futuro donde cada ciudadano decide desde la libertad. Esa es la verdadera victoria democrática.