Tras la controversia que se ha generado sobre la venta o uso indiscriminado de datos de los colombianos, el Consejo de Estado determinó que sólo un fiscal podría autorizar el acceso a datos privados.
Esto, debido a una demanda que se había realizado sobre un decreto firmado por los ministerios de Justicia, Defensa y Comunicaciones, el cual obligaba a las empresas de telecomunicaciones a facilitar mecanismos para realizar interceptaciones legales.
Este decreto se considera como violatorio de la constitucionalidad porque le brinda permisos a cualquier autoridad extranjera a acceder a la información privada, incluso concejales, militares y demás; por esta razón el Consejo de Estado decidió suspender provisionalmente la parte del decreto que otorgaba esas facultades a los tres ministerios.
Este decreto se considera como violatorio de la constitucionalidad porque le brinda permisos a cualquier autoridad extranjera a acceder a la información privada, incluso concejales, militares y demás; por esta razón el Consejo de Estado decidió suspender provisionalmente la parte del decreto que otorgaba esas facultades a los tres ministerios.