Las empresas y entidades, tanto públicas como privadas, que manejan bases de datos estarán obligadas a reportarlas al Gobierno desde que comience a operar el Registro Nacional de Bases de Datos, que será administrado por la Superintendencia de Industria y Comercio.
Este nuevo requisito fue establecido por el decreto 886 del 13 de mayo pasado, en el cual se especifica lo que cada compañía deberá informar a la Súper, como ubicación, nombre y finalidad de las bases, responsable de su manejo, si son manuales o automáticas, políticas de tratamiento de su contenido y canales para que los titulares de los datos hagan valer sus derechos.
El trámite se podrá realizar a través de la página web de la Súper y será gratis.
El superintendente delegado para la Protección de datos personales, José Alejandro Bermúdez, explicó que esto será de utilidad para los ciudadanos porque en el momento en que sospechen que les han vulnerado el habeas data pueden ver quién es el presunto responsable y contactarlo.
“A la Superintendencia también le va a permitir poner en marcha el sistema integral de supervisión inteligente y hacer cruces de información para determinar por ejemplo tendencias en sectores y ser más eficientes en el control”, dijo.
En principio, las firmas obligadas a hacer el reporte tendrán un año a partir del momento en que se habilite el Registro Nacional. “Creemos que este va a estar operando en un par de meses. Todo depende de que acabemos las pruebas. Cuando ya sepamos que el sistema está robusto, lo habilitaremos y a partir de ahí comienza a correr el plazo”, añadió Bermúdez.
Agregó que el incumplimiento acarreará multas de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales, es decir, más de 1.200 millones de pesos.
EMPIEZA DIFUSIÓN
El decreto 886 será explicado hoy y mañana, en Pereira, en el Segundo Congreso Internacional de Protección de Datos. Esta norma complementa otras, como la Ley 1581 del 2012 y el polémico 1337 del 2013, que obligó a depurar las bases de datos y a pedir autorización a los dueños de la información. Este fue demandado ante el Consejo de Estado por el senador Luis Fernando Velasco y aun no hay un fallo.
Rodríguez aclaró que mientras tanto sigue vigente. De hecho, cada mes la Superindustria recibe en promedio 400 quejas que, sobre todo, involucran a empresas de salud por compartir información con terceros no autorizados, firmas de telefonía celular y supermercados de grandes superficies por reportes inadecuados a las centrales de riesgo. Otras son por no atender quejas y derechos de petición. La cifra significa un aumento frente a las 250 que llegaban hace un año.
Desde el 2010 van 405 sanciones, por casi 8.000 millones de pesos, y 325 órdenes emitidas para que las empresas apliquen correctivos.