Diego Molano, Ministro de Tics| Jorge Acosta, Representante del consorcio NTC Colombiana de Televisión
El anuncio del Gobierno de convertir el Canal Uno en el tercer canal privado de televisión es un nuevo capítulo de una "novela" que aún no llega a su fin. Tal vez, el final no sea feliz.
Diego Molano, ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), ha sido una de las estrellas en el gabinete del presidente Santos. La penetración de internet en el país, la llegada de nuevos jugadores al segmento móvil, el desarrollo de tecnologías –como la 4G– los ajustes en la regulación y la apuesta por el emprendimiento son apenas algunos de sus principales logros.
En sus casi cinco años como Ministro sólo tiene un pendiente: el tercer canal de televisión.
En dos ocasiones el proceso se cayó y el Consejo de Estado, en sentencias de 2011 (suspensión del proceso) y de 2012 (nulidad del pliego de condiciones), encontró los argumentos suficientes para hundirlo de manera definitiva.
Tras los procesos frustrados, el Gobierno acaba de anunciar una controvertida iniciativa para sacar adelante el tercer canal y cumplir, de paso, con las exigencias que le hizo el Consejo de Estado en sus fallos. Se trata de la posibilidad de que el Canal Uno se convierta en el tercer canal privado.
La iniciativa del Gobierno plantea incluir en el proyecto de ley del Plan de Desarrollo, que al cierre de esta edición se alistaba para ser presentado al Congreso de la República, una propuesta que le permita eliminar de la Ley 335 de 1996 el porcentaje de participación que se otorga a los concesionarios de espacios de televisión –que tiene un tope de 25% y un piso de 7,5%–, de tal manera que pueda entregarse a un solo concesionario la programación del Canal Uno.
Uno de los argumentos para avanzar en el desarrollo del tercer canal es lograr un mayor pluralismo y tener muchos más jugadores y ángulos en el negocio televisivo. No obstante, la pregunta que muchos en la industria se hacen es si para alcanzar ese pluralismo es necesario reducir los concesionarios que hoy tiene el Canal Uno –y cuyo modelo de negocio parece estar funcionando–, o ajustarse a un nuevo contexto audiovisual en un mercado cada vez más competido y segmentado.
Nada fácil
El Gobierno está optimista y ve en su estrategia una ventana de salida. Más aún cuando ha logrado hacer ajustes. Por ejemplo, la Antv y otras autoridades del sector iniciaron un proceso para cumplir con las condiciones establecidas por el Consejo de Estado. Se determinó que todas las concesiones para la prestación del servicio de televisión radiodifundida serían adjudicadas en tecnología digital (TDT) y, al mismo tiempo, la Agencia Nacional del Espectro (ANE) publicó en 2014 el Plan Técnico de Televisión a través del cual planificó el espectro radioeléctrico atribuido al servicio de televisión radiodifundida, reservando frecuencias radioeléctricas específicas para nuevos operadores del servicio de radiodifusión de televisión.
Sin embargo, a pesar de ese optimismo y los alcances que se han logrado, todavía hay tareas por definir. Una de ellas, y que debe estar lista antes del primer trimestre, es la definición de las reglas de juego para la compartición de infraestructura activa y pasiva en televisión, que debe sacar adelante la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Algunos, incluso, ven venir un eventual conflicto con los canales privados porque podrían argumentar una modificación en el contrato de concesión que ellos tienen.
Pero tal vez la más importante es la valoración de este tercer canal. El Gobierno no ha hecho oficial el resultado de la valoración financiera de la concesión y de las frecuencias. En 2013, la Universidad Nacional –contratista de la Antv para esta tarea– concluyó que no existían entonces los elementos suficientes para determinar cuál sería el precio del uso y explotación de frecuencias de televisión abierta del Canal Uno, y tampoco reveló cuáles fueron los resultados de la valoración para el Tercer Canal.
Y este es un punto clave en el desarrollo del proceso. ¿Por qué? El negocio de la televisión es muy dinámico y la transformación que vive día a día es muy rápida. De acuerdo con un análisis de la firma de abogados Brigard & Urrutia, el consumo de televisión abierta y cerrada en los últimos meses ha inclinado la balanza a favor de contenidos audiovisuales que no utilizan el espectro radioeléctrico. Citando al Latin American Multichannel Advertising Council, para noviembre de 2014, 8 de cada 10 colombianos tenía acceso a la televisión paga y el share de audiencia en la televisión paga correspondía con el 46%, lo que representa un crecimiento de 22% en los últimos cinco años.
Esta tendencia, agrega el análisis de Brigard & Urrutia, fue confirmada por la Antv en el informe del sector de televisión del año 2013, en el cual se evidenció que la televisión por suscripción continuaba con un incremento positivo para alcanzar una cifra cercana a los cinco millones de suscriptores. De la misma manera, el MinTIC publicó en la celebración del día mundial de internet que más de 50% de la población en Colombia observa algún tipo de contenido en internet, y más del 30% ve contenidos audiovisuales de manera específica. El auge de canales como Netflix o Apple TV empieza a marcar una nueva tendencia y forma de consumir contenidos audiovisuales.
“La nueva realidad exige una aproximación distinta –desde un punto de vista de política pública– al tema de acceso a contenidos audiovisuales y, sobre todo, una garantía de que las condiciones financieras que se implementen en el contrato de concesión del tercer canal correspondan con estas nuevas circunstancias y con los avances del consumo de audiovisuales en los próximos 20 años”, advierte Sergio Michelsen, socio de Brigard & Urrutia.
De hecho, Adriana Cisneros, CEO del Grupo Cisneros de Venezuela y que tiene en el negocio de televisión uno de sus mayores focos, coincide con esta visión. El año pasado, durante una visita al país, le manifestó a Dinero estar interesada en el tercer canal en Colombia, pero con condiciones. “Tener la oportunidad de trabajar un canal sería genial siempre y cuando lo podamos hacer pensando en lo que podría ser la televisión en los próximos 20 años”, afirmó en su momento.
Aunque no se conoce oficialmente una valoración, se estima que esta puede estar cerca a los US$20 millones, una cifra mucho menor de la que pagaron RCN y Caracol por sus concesiones.
Pero ese no es el único tema que tendrá que definir el Gobierno. Los actuales concesionarios del Canal Uno tienen unos derechos adquiridos y apenas están entrando en el segundo año después de la prórroga que por 40 meses les entregó la Antv a finales de 2013.
A juzgar por lo que señala Jorge Acosta, representante de la unión temporal NTC-Colombiana de Televisión, el año pasado la operación funcionó pues, según dice, los pagos variables que recibe la Antv de su operación aumentaron por encima de 24% frente a 2013. “En ningún caso nuestra concesión tiene intención de devolver espacios. Tenemos estructurado un plan por todo 2015 que está en ejecución y el plan de comercialización está en firme. No vamos a devolver un negocio que viene funcionando”, asegura Acosta (ver recuadro).
De hecho, una de las posibilidades de las que siempre se ha hablado es que los concesionarios, ya sin limitaciones de tope, logren estructurar un consorcio y armar una parrilla fuerte que genere economías de escala y mayores eficiencias. Pero hoy eso no se ve: cada uno de ellos –NTC, CM& y Jorge Barón– tienen, por ejemplo, estructuras noticiosas propias que haría muy complicado un acuerdo.
La decisión del Gobierno se vuelve crítica en momentos en que en el mundo se ven movimientos empresariales que van desde la consolidación de jugadores hasta la llegada a nuevos segmentos de otros gigantes. Dentro de los primeros está la megamovida que representó la compra de DirecTV por parte de AT&T, operación que ascendió a US$48.500 millones y que para muchos puede representar la llegada del gigante de las telecomunicaciones estadounidense a Latinoamérica. Y en el otro caso está la disputa que hay entre las familias Azcárraga y Slim en México, que quieren llegar, la primera al negocio de telecomunicaciones, y la segunda al de la televisión, tras las reformas en los mercados de ese país.
En el corto plazo, el Gobierno también deberá tener en cuenta dos hechos claves para continuar con los ajustes que hará para transformar el Canal Uno en el tercer canal. El primero, la participación de inversionistas internacionales en el canal, que hoy está limitada a 40% y que podría alejar a nuevos proponentes extranjeros. Y, el segundo, la cuota de pantalla –el porcentaje de producción nacional– que está también en 40%.
También tendrá que pesar en los procesos el cambio en la dirección de la Antv y el papel para sacar adelante la estructura. Todo indica que dada la complejidad del escenario, lo que queda en evidencia es la proyección optimista del Gobierno y las dificultades de un proceso que parece no tener fin.
***
‘No tenemos intención de devolver espacios’
Jorge Acosta, representante del consorcio NTC-Colombiana de Televisión, plantea sus puntos de vista sobre la propuesta del Gobierno.
“Tenemos firmada una ampliación de plazo por 40 meses contados a partir de finales del año antepasado y cuya vigencia empezó el primero de enero de 2014. Desde nuestra perspectiva jurídica, la Antv no puede rescindir esto que se firmó.
“Sin embargo, esta cláusula tiene un parágrafo que dice que una vez transcurridos 24 meses –que se cumplen el 31 de diciembre de 2015– si la Antv evidencia que se encuentran dadas las condiciones técnicas y de mercado necesarias para dar apertura al proceso licitatorio tendiente al otorgamiento de nuevas concesiones de espacios del Canal Uno, dará aviso al concesionario, con el fin de tomar las decisiones para, si es el caso, dar por terminado el presente contrato dentro de los seis meses siguientes al procedimiento contractual.
“En ningún caso nuestra concesión tiene intención de devolver espacios. Tenemos estructurado un plan por todo 2015 que está en ejecución y el plan de comercialización está en firme.
“No vamos a devolver un negocio que viene funcionando. El año pasado, gracias al esfuerzo y al mejoramiento continuo de la programación, esta unión temporal le pagó a la Antv entre la suma fija y la variable que corresponde a 9% de nuestros ingresos, cerca de $4.000 millones. Eso significó un crecimiento de 24% frente a 2013. Y a RTVC le giramos $1.000 millones más, que suman $5.000 millones por 25% del canal. Si estos resultados se proyectan a los otros concesionarios, el Canal Uno le está generando ingresos al Estado por $20.000 millones.
“De hecho, hemos pedido que la Antv revise el valor de compensación por el uso de los espacios con base en la información y resultados que arroje el ejercicio de desagregación contable de los costos de operación del Canal Uno adelantada por RTVC.
“Se vuelve inequitativo e injusto que paguemos 9% de los ingresos variables, eso está por fuera de mercado. $5.000 millones en un año, en precios constantes –descontando la inflación– son $50.000 millones por el 25% en 10 años. Si lo lleva a 100% este canal estará pagando $200.000 millones”.
En sus casi cinco años como Ministro sólo tiene un pendiente: el tercer canal de televisión.
En dos ocasiones el proceso se cayó y el Consejo de Estado, en sentencias de 2011 (suspensión del proceso) y de 2012 (nulidad del pliego de condiciones), encontró los argumentos suficientes para hundirlo de manera definitiva.
Tras los procesos frustrados, el Gobierno acaba de anunciar una controvertida iniciativa para sacar adelante el tercer canal y cumplir, de paso, con las exigencias que le hizo el Consejo de Estado en sus fallos. Se trata de la posibilidad de que el Canal Uno se convierta en el tercer canal privado.
La iniciativa del Gobierno plantea incluir en el proyecto de ley del Plan de Desarrollo, que al cierre de esta edición se alistaba para ser presentado al Congreso de la República, una propuesta que le permita eliminar de la Ley 335 de 1996 el porcentaje de participación que se otorga a los concesionarios de espacios de televisión –que tiene un tope de 25% y un piso de 7,5%–, de tal manera que pueda entregarse a un solo concesionario la programación del Canal Uno.
Uno de los argumentos para avanzar en el desarrollo del tercer canal es lograr un mayor pluralismo y tener muchos más jugadores y ángulos en el negocio televisivo. No obstante, la pregunta que muchos en la industria se hacen es si para alcanzar ese pluralismo es necesario reducir los concesionarios que hoy tiene el Canal Uno –y cuyo modelo de negocio parece estar funcionando–, o ajustarse a un nuevo contexto audiovisual en un mercado cada vez más competido y segmentado.
Nada fácil
El Gobierno está optimista y ve en su estrategia una ventana de salida. Más aún cuando ha logrado hacer ajustes. Por ejemplo, la Antv y otras autoridades del sector iniciaron un proceso para cumplir con las condiciones establecidas por el Consejo de Estado. Se determinó que todas las concesiones para la prestación del servicio de televisión radiodifundida serían adjudicadas en tecnología digital (TDT) y, al mismo tiempo, la Agencia Nacional del Espectro (ANE) publicó en 2014 el Plan Técnico de Televisión a través del cual planificó el espectro radioeléctrico atribuido al servicio de televisión radiodifundida, reservando frecuencias radioeléctricas específicas para nuevos operadores del servicio de radiodifusión de televisión.
Sin embargo, a pesar de ese optimismo y los alcances que se han logrado, todavía hay tareas por definir. Una de ellas, y que debe estar lista antes del primer trimestre, es la definición de las reglas de juego para la compartición de infraestructura activa y pasiva en televisión, que debe sacar adelante la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Algunos, incluso, ven venir un eventual conflicto con los canales privados porque podrían argumentar una modificación en el contrato de concesión que ellos tienen.
Pero tal vez la más importante es la valoración de este tercer canal. El Gobierno no ha hecho oficial el resultado de la valoración financiera de la concesión y de las frecuencias. En 2013, la Universidad Nacional –contratista de la Antv para esta tarea– concluyó que no existían entonces los elementos suficientes para determinar cuál sería el precio del uso y explotación de frecuencias de televisión abierta del Canal Uno, y tampoco reveló cuáles fueron los resultados de la valoración para el Tercer Canal.
Y este es un punto clave en el desarrollo del proceso. ¿Por qué? El negocio de la televisión es muy dinámico y la transformación que vive día a día es muy rápida. De acuerdo con un análisis de la firma de abogados Brigard & Urrutia, el consumo de televisión abierta y cerrada en los últimos meses ha inclinado la balanza a favor de contenidos audiovisuales que no utilizan el espectro radioeléctrico. Citando al Latin American Multichannel Advertising Council, para noviembre de 2014, 8 de cada 10 colombianos tenía acceso a la televisión paga y el share de audiencia en la televisión paga correspondía con el 46%, lo que representa un crecimiento de 22% en los últimos cinco años.
Esta tendencia, agrega el análisis de Brigard & Urrutia, fue confirmada por la Antv en el informe del sector de televisión del año 2013, en el cual se evidenció que la televisión por suscripción continuaba con un incremento positivo para alcanzar una cifra cercana a los cinco millones de suscriptores. De la misma manera, el MinTIC publicó en la celebración del día mundial de internet que más de 50% de la población en Colombia observa algún tipo de contenido en internet, y más del 30% ve contenidos audiovisuales de manera específica. El auge de canales como Netflix o Apple TV empieza a marcar una nueva tendencia y forma de consumir contenidos audiovisuales.
“La nueva realidad exige una aproximación distinta –desde un punto de vista de política pública– al tema de acceso a contenidos audiovisuales y, sobre todo, una garantía de que las condiciones financieras que se implementen en el contrato de concesión del tercer canal correspondan con estas nuevas circunstancias y con los avances del consumo de audiovisuales en los próximos 20 años”, advierte Sergio Michelsen, socio de Brigard & Urrutia.
De hecho, Adriana Cisneros, CEO del Grupo Cisneros de Venezuela y que tiene en el negocio de televisión uno de sus mayores focos, coincide con esta visión. El año pasado, durante una visita al país, le manifestó a Dinero estar interesada en el tercer canal en Colombia, pero con condiciones. “Tener la oportunidad de trabajar un canal sería genial siempre y cuando lo podamos hacer pensando en lo que podría ser la televisión en los próximos 20 años”, afirmó en su momento.
Aunque no se conoce oficialmente una valoración, se estima que esta puede estar cerca a los US$20 millones, una cifra mucho menor de la que pagaron RCN y Caracol por sus concesiones.
Pero ese no es el único tema que tendrá que definir el Gobierno. Los actuales concesionarios del Canal Uno tienen unos derechos adquiridos y apenas están entrando en el segundo año después de la prórroga que por 40 meses les entregó la Antv a finales de 2013.
A juzgar por lo que señala Jorge Acosta, representante de la unión temporal NTC-Colombiana de Televisión, el año pasado la operación funcionó pues, según dice, los pagos variables que recibe la Antv de su operación aumentaron por encima de 24% frente a 2013. “En ningún caso nuestra concesión tiene intención de devolver espacios. Tenemos estructurado un plan por todo 2015 que está en ejecución y el plan de comercialización está en firme. No vamos a devolver un negocio que viene funcionando”, asegura Acosta (ver recuadro).
De hecho, una de las posibilidades de las que siempre se ha hablado es que los concesionarios, ya sin limitaciones de tope, logren estructurar un consorcio y armar una parrilla fuerte que genere economías de escala y mayores eficiencias. Pero hoy eso no se ve: cada uno de ellos –NTC, CM& y Jorge Barón– tienen, por ejemplo, estructuras noticiosas propias que haría muy complicado un acuerdo.
La decisión del Gobierno se vuelve crítica en momentos en que en el mundo se ven movimientos empresariales que van desde la consolidación de jugadores hasta la llegada a nuevos segmentos de otros gigantes. Dentro de los primeros está la megamovida que representó la compra de DirecTV por parte de AT&T, operación que ascendió a US$48.500 millones y que para muchos puede representar la llegada del gigante de las telecomunicaciones estadounidense a Latinoamérica. Y en el otro caso está la disputa que hay entre las familias Azcárraga y Slim en México, que quieren llegar, la primera al negocio de telecomunicaciones, y la segunda al de la televisión, tras las reformas en los mercados de ese país.
En el corto plazo, el Gobierno también deberá tener en cuenta dos hechos claves para continuar con los ajustes que hará para transformar el Canal Uno en el tercer canal. El primero, la participación de inversionistas internacionales en el canal, que hoy está limitada a 40% y que podría alejar a nuevos proponentes extranjeros. Y, el segundo, la cuota de pantalla –el porcentaje de producción nacional– que está también en 40%.
También tendrá que pesar en los procesos el cambio en la dirección de la Antv y el papel para sacar adelante la estructura. Todo indica que dada la complejidad del escenario, lo que queda en evidencia es la proyección optimista del Gobierno y las dificultades de un proceso que parece no tener fin.
***
‘No tenemos intención de devolver espacios’
Jorge Acosta, representante del consorcio NTC-Colombiana de Televisión, plantea sus puntos de vista sobre la propuesta del Gobierno.
“Tenemos firmada una ampliación de plazo por 40 meses contados a partir de finales del año antepasado y cuya vigencia empezó el primero de enero de 2014. Desde nuestra perspectiva jurídica, la Antv no puede rescindir esto que se firmó.
“Sin embargo, esta cláusula tiene un parágrafo que dice que una vez transcurridos 24 meses –que se cumplen el 31 de diciembre de 2015– si la Antv evidencia que se encuentran dadas las condiciones técnicas y de mercado necesarias para dar apertura al proceso licitatorio tendiente al otorgamiento de nuevas concesiones de espacios del Canal Uno, dará aviso al concesionario, con el fin de tomar las decisiones para, si es el caso, dar por terminado el presente contrato dentro de los seis meses siguientes al procedimiento contractual.
“En ningún caso nuestra concesión tiene intención de devolver espacios. Tenemos estructurado un plan por todo 2015 que está en ejecución y el plan de comercialización está en firme.
“No vamos a devolver un negocio que viene funcionando. El año pasado, gracias al esfuerzo y al mejoramiento continuo de la programación, esta unión temporal le pagó a la Antv entre la suma fija y la variable que corresponde a 9% de nuestros ingresos, cerca de $4.000 millones. Eso significó un crecimiento de 24% frente a 2013. Y a RTVC le giramos $1.000 millones más, que suman $5.000 millones por 25% del canal. Si estos resultados se proyectan a los otros concesionarios, el Canal Uno le está generando ingresos al Estado por $20.000 millones.
“De hecho, hemos pedido que la Antv revise el valor de compensación por el uso de los espacios con base en la información y resultados que arroje el ejercicio de desagregación contable de los costos de operación del Canal Uno adelantada por RTVC.
“Se vuelve inequitativo e injusto que paguemos 9% de los ingresos variables, eso está por fuera de mercado. $5.000 millones en un año, en precios constantes –descontando la inflación– son $50.000 millones por el 25% en 10 años. Si lo lleva a 100% este canal estará pagando $200.000 millones”.