Muchas compañías de tecnología de talla mundial como Google, Facebook y Twitter han identificado el enorme potencial que tiene Colombia en el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y por ello, han decidido abrir oficinas en Bogotá D.C. De esa manera, no sólo buscan aumentar su participación en el mercado interno sino coordinar sus operaciones en países cercanos.
Esto evidencia que el Ministerio TIC de Colombia ha hecho bien su trabajo al aumentar la cobertura del internet a nivel nacional mediante inversiones estatales y alianzas público-privadas y que el Estado ha realizado hasta el momento una correcta planeación estratégica. De hecho, Colombia cuenta con una amplia cobertura de fibra óptica además de sus redes 4G y de importantes avances en servicios satelitales y en tecnología 5G. De esa manera, se ha creado un ecosistema digital que es ideal tanto para el sector privado como para el sector estatal con la ventaja de tener un buen crecimiento económico.
Al poder conectarse a internet, la población de las regiones más apartadas de la geografía nacional gozará de un sin fin de posibilidades en tiempo real para interactuar con el mundo, educarse, comerciar, realizar trámites oficiales y acceder al sistema financiero entre otros. Por su parte, el sector privado tiene la oportunidad de ampliar sus mercados en plazas donde antes no llegaba a la vez que el Estado podrá tener mayor presencia y cumplir así con algunos de sus deberes.
¿Cuál es el siguiente paso?
Debemos tener claro que el acceso a internet y a un computador no garantiza el desarrollo del país ni que nuestra población salga de la pobreza, tan sólo es un servicio básico que se debe considerar como un derecho ciudadano. Algo que preocupa mucho es que la inversión que el Estado colombiano ha realizado con recursos públicos, se desperdicie al no estar en sinergia con estrategias que vayan encaminadas a que todos los habitantes tengan acceso a la educación, a la salud, al empleo… y que dichas inversiones terminen beneficiando exclusivamente a ciertas empresas del sector privado.
Sería inaceptable que después de tanto tiempo, esfuerzo y de la asignación de semejantes presupuestos; los únicos que hayan ganado sean los proveedores de dispositivos tecnológicos, los proveedores del servicio de internet y las grandes compañías de tecnología que vieron la oportunidad de aumentar sus ingresos en la actual coyuntura.
De hecho, una de las controversias que existe en el sector TIC es ocasionada porque las grandes compañías de tecnología que han abierto oficinas en Colombia, no generan suficientes puestos de trabajo de forma directa y se limitan a contratar una pequeña nómina que en algunos casos no supera los 10 colaboradores y la cual está compuesta parcialmente por personal extranjero. Algo que contrasta con las exorbitantes utilidades que dichas empresas obtienen a raíz de sus distintas actividades.
Por lo anterior, el Estado y la ciudadanía colombiana deberían preguntarse cuánto dinero público se ha invertido en el Sector TIC versus las utilidades o beneficios que ha recibido la población. Es hora de saber cuánto dinero ganan las compañías internacionales de tecnología que tienen presencia en el país versus los puestos de trabajo directo que producen y los impuestos que pagan. Igualmente, se debería conocer cómo ejercen su responsabilidad social y ecológica.
Otro tema a investigar es la forma en que las empresas privadas están utilizando la infraestructura tecnológica creada por el Estado y por ende, financiada con dinero de todos los colombianos. No es aceptable que una compañía extranjera venga al país a utilizar nuestra infraestructura y nuestro espacio radioeléctrico y de paso apropiarse masivamente de nuestros datos personales y de la información que generan nuestras empresas y organizaciones, para enriquecerse sin siquiera generar suficientes puestos de trabajo y sin pagar unos impuestos equivalentes a sus utilidades.
Por ejemplo, la plataforma Internet.ORG que impulsó en Colombia el fundador de Facebook en alianza con operador TIGO mediante la cual se le ofreció acceso a la red a los ciudadanos más pobres, es una iniciativa privada que claramente utiliza el ecosistema digital creado por el Estado y financiado por todos los colombianos. En su momento se calculó que cerca de 8 millones de personas podrían llegar a utilizar ese portal y que en un futuro cercano entrarían a participar otras organizaciones.
No obstante, aunque esa plataforma le “facilitó el acceso a internet” a una parte de la población que antes no lo tenía, lo hizo de forma restringida al limitarse a una versión reducida de Facebook y a unas pocas aplicaciones que escasamente son óptimas en celulares de gama baja. Esto nos lleva a entender que este tipo de iniciativas pueden llegar a ser contraproducentes a largo plazo pues lo ideal es que un ciudadano que viva en una región apartada del país, tenga el mismo acceso a internet que una persona que viva en una ciudad como Bogotá D.C.
Se hace necesario entonces que otras empresas de tecnología y los demás operadores de telecomunicaciones realicen sus propias iniciativas con el fin de que el acceso a internet no se restrinja a una red social y sea de óptima calidad. Igualmente, el Estado tiene el deber de procurar igualdad en el acceso a internet entre los ciudadanos así como el de garantizar sus demás derechos sin importar la región donde vivan.
Además, los colombianos no deben ser utilizados como ratones de laboratorio de empresas extranjeras que se enriquecen con su información. El derecho a la vida privada y a la confidencialidad es universal y no debe ser violado por ningún país, empresa u organización. Por ello, es urgente realizar un acuerdo internacional para el tratamiento y la transferencia de datos. De esa manera se crearía un estándar en el flujo de información, lo que generaría más confianza entre usuarios, empresas y gobiernos.
Pero no sólo es Facebook, otras empresas de tecnología se esfuerzan únicamente por facturar grandes sumas de dinero mediante la prestación de sus servicios sin que exista un compromiso real con el desarrollo del país. De hecho, muchos expertos consideran que Colombia experimenta una nueva clase de saqueo por parte de estas compañías pues aunque obtienen exorbitantes utilidades a raíz de sus actividades; no generan suficiente empleo directo, pagan pocos impuestos, no transfieren su tecnología y lo peor; están explotando nuestro ecosistema digital y apropiándose masivamente de nuestros datos para obtener ganancias que no se reinvierten en nuestro país.
En cuanto a la responsabilidad social y ecológica a la que están obligadas las compañías de tecnología y los operadores de telecomunicaciones, es importante enfatizar que debe estar enfocada en el desarrollo del país. Por consiguiente, estas empresas deberían generar mucho más empleo directo, capacitar a su personal tanto en Colombia como en el exterior, otorgar becas universitarias a la población, estimular el emprendimiento a nivel general, incentivar la creación de startups, fundar centros de I+D y dotar de tecnología a las poblaciones más necesitadas.
Por su parte, el Estado no sólo tiene el deber de generar conectividad de forma equitativa en todo el territorio nacional sino el de tener presencia de manera que se garanticen los derechos a la educación, a la salud y al empleo. Igualmente, es deber del Estado defender la privacidad de su población y la confidencialidad de sus empresas. Sin duda alguna, Colombia está a la vanguardia tecnológica en muchos aspectos pero todo debe orientarse al desarrollo sostenible y ecuánime del país de manera que las compañías extranjeras de tecnología no sean las únicas que se beneficien económicamente.