En sus fallos, los altos tribunales han marcado límites a la libertad de expresión en estas redes.
El año pasado, la Corte Constitucional le ordenó a una usuaria de Facebook borrar una publicación en su muro y disculparse con otra mujer de la que expuso su foto.
Hace 17 años, en uno de sus primeros fallos sobre los derechos y obligaciones en internet, la Corte Constitucional se anticipó a un debate que no ha parado de crecer, más en tiempos de redes sociales: “Si bien en internet existe una realidad virtual, esto no significa que los derechos en dicho contexto también lo sean”.
Con ese antecedente y varias decisiones posteriores, hoy en los juzgados y en las altas cortes se está debatiendo con más frecuencia la legalidad de publicaciones, tanto de famosos como de los que no lo son, en Facebook y Twitter.
Aunque, en principio, su impacto pareciera no ir más allá de likes y retuits, lo cierto es que son cada vez más los casos de demandas y tutelas por propagación de mentiras, amenazas de muerte, señalamientos de delitos sin ninguna prueba y violación a la intimidad, entre otros, que tienen implicaciones jurídicas y disciplinarias.
El señalamiento que el expresidente y senador Álvaro Uribe hizo en su cuenta de Twitter hace una semana contra el columnista Daniel Samper, al que llamó “violador de niños”, volvió a encender el debate sobre cuáles son los límites de la libertad de expresión, tanto para los poderosos como para ciudadanos del común, en las redes sociales.
Uno de los primeros fallos de la Corte Constitucional sobre Facebook se dio en el 2010, cuando resolvió una tutela entablada contra la rectora de un colegio que había sancionado a estudiantes que crearon una página en esa red para lanzarle fuertes críticas. Los magistrados concluyeron que el colegio no podía imponer sanciones arbitrarias, pero advirtió que la página sí violaba derechos de la rectora porque “no solo comprometía su dignidad, sino que afectaba el buen desarrollo de las actividades de toda la comunidad educativa”.
La Corte también ha señalado que no es posible crear un perfil a nombre de otra persona, ni siquiera cuando se trate del propio hijo, porque se incurre en violaciones a derechos como la libertad en el manejo de información, la honra y la intimidad. Con esos argumentos le ordenó a un padre eliminar un perfil que creó en el 2012 a nombre de su hija de cuatro años en el que, además, estaba desprestigiando a la madre de la menor.
Y mientras en marzo de este año se presentó en el Congreso un proyecto de ley para prohibir la creación de cuentas falsas que difunden injurias, calumnias y vulneran la intimidad, los entes disciplinarios ya han tomado medidas.
En abril del 2013, la Personería de Bogotá sancionó al director de asuntos disciplinarios de la alcaldía de la época por publicar en Twitter afirmaciones “irrespetuosas y calumniosas” contra periodistas y la entonces veedora distrital.
Las altas cortes también han exigido retirar contenido de las redes. El año pasado, la Corte Constitucional le ordenó a una usuaria de Facebook borrar una publicación en su muro y disculparse con otra mujer de la que expuso su foto y a la que señaló de deberle dinero. “La libertad de expresión no es un derecho que carece de límites, pues como se observó, las frases injuriosas que denoten falta de decoro, vejaciones, insultos, expresiones desproporcionadas y humillantes (...) no son cubiertas por la protección establecida en el artículo 20 de la Constitución”, dice el fallo.
La Corte recordó que en estos casos aplican las mismas reglas del “mundo no virtual”: el derecho a la libertad de expresión debe ceder cuando el mensaje tiene un fin “difamatorio, grosero, desproporcionado, injustificado, parcial, incompleto, o se observe un contenido impropio, de vejámenes, ofensas y agravios injustificados”.
Frente a lo que ocurre en Twitter hay otro antecedente que tiene que ver precisamente con el expresidente Uribe. El año pasado, la Corte Suprema rechazó una demanda por injuria y calumnia que presentó el periodista Daniel Coronell en su contra porque en 32 tuits lo señaló de tener “nexos con la mafia”. Los mensajes de Uribe se dieron después de que Coronell publicó una columna en la que se refería a los negocios de los hijos del expresidente.
Aunque la Corte rechazó la demanda considerando que no se trató de una imputación directa contra el periodista, le dijo al exmandatario que debía moderar su lenguaje, pues una obligación de los funcionarios públicos es “soportar un mayor escrutinio sobre sus actividades”. “No resulta legítimo que líderes sociales, como el aquí querellado (Uribe), desborden los límites de la tolerancia que están obligados a mantener frente a la crítica periodística o ciudadana, encendiendo las redes sociales con descalificaciones o agresiones contra sus críticos que en nada contribuyen a su deber de unión social”, dice el fallo.
Aunque no hay una única línea sobre lo que se debe considerar como una injuria o una calumnia, lo cierto es que los magistrados ya han dejado por sentado que en las redes sociales no todo vale y que hay una necesidad latente de regular o autorregular lo que se publica en esos espacios virtuales.Cuando se pasa del tuit al delito
Andrés Ángel, experto en ‘habeas data’, afirma que los mensajes en redes se vuelven un delito cuando “no se tiene pruebas para soportar lo que se dice”.
Dice que la autorregulación de las mismas redes es limitada, ya que es difícil eliminar todos los contenidos violentos o difamatorios con algoritmos, por lo que se debe buscar educar a la población para que sepa cómo usarlas.
Carolina Botero, experta en redes sociales, asegura que más que restringir las redes se requieren mayores debates sobre la responsabilidad en esos espacios. “El problema no es tanto el instrumento en sí, porque las redes son un medio de todos y para todos, sino el uso que se les da”.
Lo que han aplicado las cortes frente a las redes es, en esencia, la misma política de responsabilidad que rige las publicaciones de los medios tradicionales.
Estos responden por sus afirmaciones y deben actualizar sus noticias en internet, así como tratar de moderar a sus foristas en la web.