Quizá a la gente no le gusta lo que HiQ hace, pero los extractores de datos tienen derecho a ganarse la vida.
Si los usuarios supieran que sus datos estuvieran disponibles libremente sin restricciones para la recopilación y el acceso por parte de terceros, serían menos dados a ponerlos en línea.
Una cosa que queda cada vez más clara conforme reporto sobre la economía digital es que se va a necesitar un replanteamiento del marco jurídico en el que se han desarrollado los negocios durante muchas décadas, pues las principales leyes que rigen el comercio digital se desarrollaron en la década de 1980 o 1990, cuando internet era diferente.
Consideremos, por ejemplo, la Ley de Fraude y Abuso de Computadoras. Esta convirtió en un delito el hecho de participar en ‘acceso no autorizado’ a una computadora conectada a internet. Fue diseñada para evitar que los hackers piratearan los sistemas corporativos o gubernamentales. El mito es que fue inspirada por Juegos de Guerra, la película de 1983.
Aunque pocos piratas informáticos parecen haber sido disuadidos por esta ley, está siendo utilizada en batallas territoriales entre compañías que buscan monetizar el producto básico más valioso del planeta: nuestros datos personales. Ejemplo: LinkedIn contra HiQ, que bien podría ser un parteaguas en Silicon Valley.
LinkedIn es la plataforma profesional predominante, una especie de Facebook para las empresas. HiQ es una compañía de ‘extracción de datos’, que tiene acceso a la información disponible públicamente de los perfiles y posteriormente los mezcla para crear dos productos: Keeper, el cual les informa a los empleadores cuáles de sus trabajadores se encuentran en mayor riesgo de ser reclutados por otras compañías; y Skill Mapper, que proporciona un resumen de los conocimientos.
LinkedIn le permitió a HiQ hacerlo durante cinco años, antes de desarrollar un producto muy similar a Skill Mapper, punto en el cual le envió una carta de ‘cesar y desistir’, y amenazó con invocar la CFAA si HiQ no dejaba de aprovechar sus datos de usuario.
Los abogados de LinkedIn argumentaron no sólo que esto constituía una violación de la confianza, sino que su cliente era una “entidad privada con derecho a controlar el acceso a su propiedad”, es decir, no sólo a sus servidores, sino a los datos de los consumidores que se encuentran en ellos.
Nada de esto es inusual. Las compañías de extracción de datos son omnipresentes y algo insidiosas, al igual que las grandes empresas que ven a las pequeñas experimentar con nuevas ideas y, luego, tratan de robárselas y/o aplastarlas una vez que alcanzan una masa crítica (ya sea con una carta o mediante una adquisición).
Hay muchas llamadas de pequeñas tecnológicas que se quejan de prácticas anticompetitivas de las grandes. La mayoría no se expresa públicamente por miedo a que nunca les llegue otra ronda de financiación o un trabajo.
Pero HiQ se dio cuenta de que no tenía nada que perder, porque si no podía utilizar los datos de LinkedIn, igualmente quedaría fuera del negocio. La Corte de Distrito del norte de California estuvo de acuerdo y le otorgó un mandamiento para continuar la extracción durante la batalla legal.
Mientras, hay un caso que está recibiendo un enorme impulso publicitario por parte del profesor de Harvard, Laurence Tribe, el eminente estudioso de derecho constitucional del país.
Tribe se incorporó al equipo de defensa de HiQ porque cree que el caso es “sumamente importante”, no sólo en términos de establecer reglas competitivas para la economía digital, sino en el ámbito de la libertad de expresión.
Según él, si aceptamos que internet es la nueva plaza de la ciudad, y “los datos son un tipo central de capital”, entonces deben estar disponibles para todos; y LinkedIn, como compañía privada, no puede decidir que los datos públicamente accesibles son su propiedad privada.
Quizá a la gente no le gusta lo que HiQ hace; pero al igual que los delincuentes sexuales tienen derecho a usar internet, los extractores de datos tienen derecho a ganarse la vida. La preocupación es que si a las compañías se les permite decidir quién puede participar en el mercado, podrían excluir a quien quieran.
Por su parte, LinkedIn argumenta que, si los usuarios supieran que sus datos estuvieran disponibles libremente sin restricciones para la recopilación y el acceso por parte de terceros, serían menos dados a ponerlos en línea.
Ya sea que nos interesen las prácticas empresariales anticompetitivas, o la preservación de la libertad de expresión, una cosa que tenemos que abordar es que somos tanto la materia prima como el consumidor final de lo que se vende en línea. Somos el producto. Teniendo eso en cuenta, deberíamos pensar mucho más acerca de la información que revelamos; de si los productos y servicios que recibimos a cambio de nuestros datos valen la pena y de cómo los gobiernos pueden cambiar las reglas del nuevo campo de juego digital.