El acelerado ritmo del cambio tecnológico está abriendo una gran zona gris en materia de derecho. Esta es una nueva área de interesante debate para las firmas legales. Así está el panorama.
El pleito de moda: vacíos legales de plataformas digitales
La economía colaborativa llegó para quedarse. El intercambio de bienes y servicios a través de plataformas digitales cobra fuerza en el país, como ha sucedido en el resto del mundo. Así como llegan modelos extranjeros, hay una dispersión de startups locales con interés de ganar un lugar en los celulares inteligentes de los colombianos.
Uber es quizás el caso más emblemático, pero la euforia se traslada a otras plataformas como Netflix, Cabify, Airbnb, Amazon y anfitrionas como Rappi o Domicilios.com. En su mayoría, intermediarias.
Entre tanto, apasionados debates se forman detrás de la escena. Mientras que la tecnología avanza a toda velocidad, la regulación lo hace a paso de tortuga. Al tiempo, quienes viven de los modelos de negocio tradicionales aumentan la presión y buscan talanqueras a estas actividades disruptivas.
Tímidamente las autoridades intentan aplicar principios clásicos o vincular lo nuevo a leyes existentes. Ahí es donde entran los abogados a negar, a aclarar y a defender.
De hecho, Sergio Michelsen, socio de Brigard Urrutia, evoca que cuando en su firma se creó el área de práctica en tecnología e innovación, a principios de los años 90, la liberación del mercado les abría campo con las compañías de telecomunicaciones.
En ese entonces, tras el estallido de la burbuja de internet, el mercado fue testigo de cómo unas empresas desaparecieron y otras sobrevivieron. Así, mientras nuevas aparecen y evolucionan, han evidenciado que la disrupción actualmente permea todos los sectores de la economía. "El mundo está creciendo hacia una economía digital, este tipo de trabajo nos está llegando cada día más y más", cuenta.
El abogado Lorenzo Villegas, quien desde su consultora se ha especializado en el derecho de telecomunicaciones, internet y las TIC, señala que, aunque hay un notorio crecimiento, todavía son pocos los juristas que se enfocan en atender a las empresas extranjeras que han venido aterrizando en el país y a las colombianas que empiezan a emprender en estos temas. "Por supuesto que hay un crecimiento, es un sector que se está consolidando y generando negocios en Colombia", anota Villegas.
Para Felipe Serrano, socio de la firma Serrano Martinez, la llegada al país de las aplicaciones de la economía colaborativa se enfrentan no solo a la implementación de sus plataformas en el mercado local, sino a los retos regulatorios y frente a los competidores que no están contentos con su llegada.
"El principal enfoque de la regulación debe ser siempre desde el consumidor, que es sabio y decide lo que le gusta. Las empresas entrantes obviamente deben enfocarse en prestar un buen servicio al consumidor y en otra parte, solicitarle al Estado claridad frente a sus reglas de juego", sostiene.
De acuerdo con Michelsen, hay un principio general en derecho y que se aplica a todos los particulares. Se trata de que se puede hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido por la ley, por lo que eso es lo que están aplicando todas las empresas que generan un modelo disruptivo.
"Lo que debería ocurrir es que el propio gobierno debería, en vez de pelear contra la economía colaborativa, darle la bienvenida. Sinceramente ayuda mucho al desarrollo de un país y, en nuestro caso específico, nos ayuda muchísimo en esa diferencia que hay entre los que tienen y no tienen. Se debería entender que nos conviene, que es una realidad y que pelear contra eso es prácticamente imposible", asevera Michelsen.
Empujón bancario
Este abogado también afirma que un ejemplo de la ayuda que se produce al promover estos cambios son las ‘fintech‘, que permiten la inclusión financiera a toda la población.
A Serrano, por su parte, no le cabe duda de que todas las plataformas que están operando, "por lo menos las más conocidas", son legales. Enfatiza que los vacíos regulatorios no ponen a nadie en la ilegalidad y que el Estado debe tomar decisiones respecto de la forma que deben operar, cómo deben tributar, teniendo como premisa cuál es la forma de operación de cada plataforma.
"Me aparto de la concepción que pueda tener alguien en decir que una plataforma sea ilegal por el hecho de que no cuadra dentro de lo que tradicionalmente en Colombia ha existido. Eso es como decir que el correo electrónico es ilegal porque no cumple con los requisitos de correo postal que si cumplen empresas como 472 y Servientrega. O es como decir que Whatsapp es ilegal, por el hecho de que no tiene la misma regulación que los operadores de telefonía celular con los mensajes de texto. Son tecnologías completamente diferentes. Hacer un nuevo servicio requiere de una nueva forma regulatoria", asegura Serrano.
De otro lado, según Villegas, "están equivocadas esas autoridades que confunden a la plataforma tecnológica que presta un servicio específico, por ejemplo de intermediación, con el servicio intermediado. Eso es un error conceptual".
A su parecer, en el caso de Uber esa aplicación no presta el servicio de transporte que se define como mover a una persona de un lado a otro, sino que pone en contacto a un usuario con un conductor, por lo que las autoridades de ese sector confunden esa labor de intermediación con la prestación del servicio intermediado.
"Es una falta de entendimiento del concepto y de los roles que cumplen estos intermediarios. Los abogados, además de derecho, debemos entender también la parte empresarial", afirma Villegas.
De esta manera, la disrupción tecnológica y nuevos modelos de negocios demandarán cada vez más abogados que hagan frente a los vacíos legales.