¿Alguna vez compró un celular que dejó de funcionar pocos meses después, sin ninguna razón? Probablemente, luego de este incidente trató de acudir al centro técnico y de ensayar múltiples trucos para recuperarlo, pero, infortunadamente, la única solución que encontró fue adquirir uno nuevo. Pues bien, por más curioso que parezca, este problema es más común de lo que se piensa y afecta a millones de compradores en el mundo.
Aunque es normal que en algún momento las cosas que compramos se acaben o dejen de funcionar, lo cierto es que este problema sí tiene una razón de ser: la obsolescencia programada, un concepto que se refiere a la programación de la vida útil de un producto, por parte de su fabricante, para que tras un tiempo determinado deje de servir y sea reemplazado por uno nuevo.
Pareciera nuevo, pero no lo es. Este tema –polémico, por cierto- tiene como punto de partida la primera mitad del siglo XX. Exactamente, el 23 de diciembre de 1924 los principales fabricantes de bombillos en Europa y Estados Unidos, entre los que figuraban compañías como Philips, General Electric, Lámparas “Z” y Osram, se reunieron en Ginebra y acordaron limitar la vida útil de esos productos con el objetivo de animar a la gente a comprarlos con más regularidad.
Así, estos dispositivos, que antes de ese momento tenían la capacidad de producir luz por 2.500 horas, pasaron a tener una duración de tan solo 1.000, debido a la disminución de la calidad de sus filamentos.
A partir de entonces, la premeditación de la vida útil de los productos se convirtió en un aspecto fundamental para las actividades comerciales y en un principio para los fabricantes, que empezaron a incorporarlo en sus modelos de negocio.
De hecho, una de las propuestas para ponerle fin a la Gran Depresión fue la obsolescencia programada. El estadounidense Bernard London, quien se desempeñaba como agente inmobiliario, sugirió la implementación de una ley que acortara la vida de los productos manufactureros, mineros y de agricultura, para que los consumidores no tuvieran más remedio que comprar, desechar y comprar nuevamente. De esta manera –desconociendo un par de nociones básicas de las dinámicas económicas–, según el precursor de la idea, era posible impulsar el empleo y transmitir su efecto en la devastada economía de la época.
Dicha ley no progresó, pero eso no hizo que la idea de planificar la durabilidad de los productos fuera descartada. Con el devenir del tiempo, esta se popularizó y varios casos de empresas, cuyos artículos decepcionaron a sus compradores, salieron a la luz pública y sentaron las bases del debate de la obsolescencia programada.
Casos emblemáticos
Si bien es cierto que esta práctica es transversal a todas las actividades relacionadas con la fabricación y comercialización de productos, las compañías tecnológicas son las más emblemáticas, gracias al auge del sector y su representatividad en la economía.
Ese es el caso de Apple, cuyos productos han sido altamente cuestionados por su condicionada vita útil. En 2003 se conoció, por una denuncia pública del youtuber y empresario estadounidense Casey Neistat, que la batería de los reproductores de audio digital iPod había sido diseñada para que durara solo 18 meses, un periodo casi suficiente para que los consumidores lo reemplazaran por el próximo modelo.
En ese momento, Neistat, a quien se le había dañado su iPod después de ese tiempo, acudió a la compañía en busca de garantía y la respuesta que recibió del área de soporte técnico fue que lo más recomendable era comprar un dispositivo nuevo, algo que, aparentemente, resultaba menos costoso que reemplazar únicamente la batería.
El escándalo hizo tanto eco en las plataformas digitales que terminó en los tribunales y Apple tuvo que cambiar sus estrategias comerciales, ampliar la garantía de sus productos a dos años y permitir la sustitución de las baterías.
Sin embargo, después de ese suceso, la compañía estadounidense ha estado involucrada en otras situaciones similares por la duración de sus productos. En 2018, Apple y Samsung fueron multadas por la Autoridad Italiana Garante de la Competencia (AGCM, por sus siglas en italiano), que, tras investigar, determinó que las dos empresas realizaban prácticas comerciales injustas que obligaban a los usuarios a descargar algunas actualizaciones en sus celulares que causaban graves disfunciones y reducían significativamente su funcionamiento con el fin de acelerar su sustitución por modelos más recientes. Esta se convirtió en la primera decisión en el mundo en penalizar la obsolescencia programada.
Pero este fenómeno no solo atañe a Apple ni a Samsung. Aunque otras empresas productoras de dispositivos tecnológicos no han llegado a las instancias sancionatorias alcanzadas por estas, sí han estado en el ojo del huracán por sospechas de obsolescencia programada.
Por ejemplo, en 2017, las autoridades de Francia, donde esta práctica es considerada como un delito por la Ley de Transición Energética de 2015, iniciaron una investigación contra algunos fabricantes de impresoras y cartuchos, alegando que estos dispositivos estaban siendo programados para dejar de funcionar después de un tiempo y que, además, la tinta y las almohadillas eran demasiado costosas, por lo que, para sus clientes, era más conveniente reemplazar los aparatos completos.
Implicaciones de la obsolescencia programada
El deterioro y rápido reemplazo de los productos impulsa la fabricación de mercancías, algo que, a grandes rasgos, resulta beneficioso para las organizaciones, cuyos ingresos se ven incrementados y que al utilizar componentes de menor duración, tienen la posibilidad de reducir sus costos e invertir en desarrollo e investigación para poner, con mayor frecuencia, soluciones ágiles e innovadoras en el mercado.
Al mirarlo desde un punto de vista general, podría pensarse que ese dinamismo de la producción es clave para la conservación y generación de empleos y para el impulso del consumo: dos factores esenciales para la economía.
Sin embargo, no siempre es así. Cuando un producto de uso diario, como un celular, se daña y queda obsoleto, sus propietarios se ven obligados a utilizar una parte de su ingreso, -que tal vez estaba destinada a la adquisición de otros bienes- a comprar uno nuevo en reemplazo del mismo. Esto, para los fabricantes de equipos móviles es, sin duda, una gran oportunidad para engrosar sus ventas. Por el contrario, para las empresas fabricantes de los bienes o servicios que se dejaron de adquirir por ese redireccionamiento del consumo, no lo es.
Por otra parte, cuando el reemplazo del equipo dañado se da por medio de créditos o mediante el desahorro, es más factible argumentar que ello tiene efectos en la dinamización de la economía, pues se está gastando dinero que, de otro modo estaría “quieto”. Aun así, no hay que desconocer los costos de oportunidad que ello trae para el consumidor; si el artículo no hubiera sucumbido ante la obsolescencia programada, tal crédito o el ahorro podría haberse destinado a adquirir otra cosa o, incluso, a la inversión. De ahí que, el rápido deterioro de los productos solo beneficia a ciertas empresas –en este caso tecnológicas- y no a la economía general.
Entonces, desde el punto de vista del consumidor, esta práctica comercial representa un obstáculo para el ahorro y la distribución del gasto de los hogares. Como se evidenció en los casos expuestos anteriormente, esta vulnera el derecho de los compradores a ser informados sobre los componentes, la forma de elaboración, la duración, la garantía, las aclaraciones y advertencias de un producto, y de comprar conscientemente.
Adicional a las implicaciones económicas de la obsolescencia programada, está la preocupación por su impacto ambiental. Según la Organización de las Naciones Unidas, en 2018 el mundo generó 48,5 millones de toneladas de basura electrónica, una cantidad que equivale a 4.500 veces la Torre Eiffel. Lo más alarmante es que solo el 20 % de esos residuos es reciclado y, si no se genera ningún cambio, la cifra podría llegar a los 120 millones de toneladas en 2025.
Regularmente, la basura electrónica es generada a gran escala por las grandes economías (en Estados Unidos y Canadá cada persona produce aproximadamente 20 kg de estos residuos al año y en Europa la cifra asciende a 17,7 kg). En estas, la mayoría de personas suele contar con dispositivos tecnológicos. Solo en Norteamérica, el 95 % de los adultos posee teléfono móvil; y el 77 %, teléfono inteligente. Lo más problemático del asunto es que, aunque la mayoría de la basura electrónica producida a nivel mundial es originada por las grandes economías, esta termina en los vertederos de los países tercermundistas, avivando el crecimiento de la contaminación del aire.
¿Qué hacer, entonces, contra esta problemática?
Evidentemente, la rápida caducidad de los productos, provocada por la obsolescencia programada, no genera mayores efectos positivos sobre la economía, y sí tiene consecuencias nocivas para el planeta. Es por esto que los fabricantes, comerciantes y consumidores deben realizar ciertos cambios en sus acciones para hacerle frente a la problemática.
En primera medida, los fabricantes deberían enfocarse más en desarrollar soluciones innovadoras que en lugar de incitar a los consumidores a comprar por obligación (cuando los productos se dañan), lo hagan por gusto o porque consideran que las nuevas alternativas son mejores.
Por otra parte, es de conocimiento general que ahora muchos consumidores son conscientes del cuidado del medioambiente y, por eso, buscan productos más sostenibles. De ahí que los fabricantes deben esforzarse por satisfacer esta necesidad, que también es una oportunidad comercial, para crear aparatos más duraderos.
En ese sentido, una de las apuestas más destacadas es la de las bombillas LED, hechas con materiales no tóxicos y renovables, que tienen una vida útil de entre 10.000 y 25.000 horas.
Así mismo, los fabricantes deben adoptar una cultura más honesta con sus compradores, informándoles claramente todas las características de los productos y brindándoles la oportunidad de repararlos y cambiar piezas individuales, sin que los costos de estos sean mayores que los de los equipos nuevos.
También es importante continuar impulsando iniciativas públicas y privadas que favorezcan la economía circular, como la creación de más puntos de acopio para que los residuos electrónicos puedan ser transformados y reutilizados con otros fines, de forma controlada.
Vale la pena mencionar que la basura electrónica vale una fortuna. De acuerdo con el informe Global E-waste Monitor 2017, esta contiene más de 55.000 millones de euros en materiales preciosos como oro, cobre y hierro. De modo que si en lugar de desecharla fue reutilizada, no solo podría aliviar al planeta, sino que supondría mayores ingresos económicos para los países receptores y la generación de empleos relacionados con su transformación.
Por último, es vital que los consumidores sean más conscientes a la hora de comprar un aparato electrónico nuevo, pues es común ver que cuando una compañía lanza un modelo al mercado, las tiendas se llenan de aglomeraciones de gente que, muchas veces, espera adquirirlo con el único objetivo de estar a la vanguardia y proyectar una “mejor” imagen personal.
Mitigar el impacto de la basura electrónica es un trabajo en conjunto de gobiernos, fabricantes, comerciantes y consumidores.