Aseguran que Circular es una "persecución" en su contra.
Demandaron circular que impone sanciones por operaciones de transporte público ilegal.
El gremio de aplicaciones e innovación Alianza In, que agrupa varias plataformas de movilidad, demandó ante el Consejo de Estado la Circular No. 15 de 2020 de la Superintendencia de Transporte que ordena a las autoridades actualizar el "Plan Estratégico de Vigilancia y Control del Cumplimiento de las Normas de Transporte y Tránsito", que incluye imponer sanciones a quienes hagan transporte ilegal.
En concreto, a las operaciones "de transporte público de manera informal o ilegal, sin el cumplimiento de los requisitos tales como la habilitación, sin permisos de operación, sin vehículos homologados ni licencia de tránsito para transporte público, entre otros requisitos que puedan estar omitiéndose por prestadores informales o ilegales".
La demanda, presentada por la firma de abogados de Pablo Felipe Robledo, exsuperintedente de Industria y Comercio, asegura que la circular obliga, al parecer irregularmente, "a que las distintas autoridades de tránsito de las alcaldías interpreten que usuarios, conductores y plataformas tecnológicas de movilidad violan la ley y deban ser sancionados".
Lo anterior, dijeron, "cuando lo cierto es que su actividad es totalmente lícita pues se trata de la prestación de servicios de movilidad privada entre un ciudadano que requiere movilizarse y un particular con carro particular que está dispuesto a movilizarlo".
“La Circular No. 015 de 2020 hace parte de una serie de actuaciones del Gobierno Nacional, que junto con diferentes decisiones sancionatorias que se han impuesto contra las plataformas tecnológicas de movilidad, buscan proteger el interés particular del gremio de taxistas, desconociendo el derecho de los usuarios pasajeros a elegir libremente cómo movilizarse, el derecho al trabajo de los conductores, la libre competencia, la innovación tecnológica y la inversión nacional y extranjera”, afirmó Pablo Felipe Robledo.
La demanda, de 78 páginas, dice que la circular no estaría promoviendo el derecho a la libre locomoción, la seguridad del consumidor, la libre elección de los ciudadanos, o para satisfacer el interés general, sino que habría sido expedida para "satisfacer el interés particular de un gremio de presión (a pesar de que con ello se afecta el interés general)".
"Bajo el amparo de la Circular Externa que aquí se demanda, la Superintendencia de Transporte ya imputó cargos y empezó actuaciones administrativas sancionatorias contra entidades territoriales por no iniciar actuaciones administrativas sancionatorias
contra conductores que utilizan las plataformas de movilidad colaborativa", dice la demanda.
Los abogados calificaron dicha circular como una "estrategia de persecución sistemática contra las plataformas tecnológicas de movilidad, sus usuarios y afiliados".
"La Superintendencia, amenaza a las autoridades municipales con investigarlas y sancionarlas si no inician acciones sancionatorias contra plataformas de movilidad, usuarios y conductores", indicaron.
"La circular viola los derechos de los consumidores, la libre competencia económica, el principio de moralidad administrativa, el principio de autonomía de las entidades territoriales y fija interpretaciones caprichosas de lo que debe entenderse por transporte público y privado", dice el recurso.