En una sala de reuniones en Lima, una directora de tecnología de mediana empresa observa el borrador del “Reglamento de IA” con curiosidad y cautela: la normativa promete un control ético y seguro, pero al revisar los plazos, las obligaciones técnicas y la estructura institucional, piensa en la dificultad de cumplirlo con recursos limitados. Ese es el escenario real que hoy enfrentan las organizaciones peruanas, con expectativas legítimas y riesgos ineludibles. La regulación avanza, pero la ejecución será la prueba de fuego para que ese marco no quede solo en papel.
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La historia empezó en julio de 2023 con la Ley 31814, que buscaba promover el uso de la inteligencia artificial con responsabilidad —pero sin una reglamentación clara, muchas empresas quedaron “a la deriva” frente a exigencias de transparencia, control humano y protección de derechos fundamentales. En septiembre de 2025 se aprobó el Decreto Supremo 115-2025-PCM, que reglamenta dicha ley: define principios rectores (transparencia, no discriminación, supervisión humana, sostenibilidad), establece una clasificación por niveles de riesgo (uso indebido, alto riesgo y aceptable) y fija roles para actores públicos y privados.
Sin embargo, como todo buen consultor que ha estado en innumerables transformaciones digitales desde 1988, sé que reglamentar no es lo mismo que cumplir. Este marco recién comienza su implementación: entrada en vigor en 90 días hábiles desde su publicación, y plazos de adaptación sectoriales que oscilan entre 1 y 4 años, según la criticidad del sector y el tamaño de la organización.
¿Qué obstáculos golpean la puerta antes de que el reglamento cobre vida? Primero, la gobernanza de datos, pieza clave para una IA confiable, aún es débil en el Perú: solo el 11 % de los ministerios tienen un Oficial de Gobierno de Datos, la mayoría de los datos abiertos están en formatos no interoperables, y los flujos de interoperabilidad entre entidades son escasos. Segundo, la capacidad institucional para supervisar estos nuevos sistemas es limitada: la autoridad técnica principal, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD), deberá emitir lineamientos, monitorear cumplimiento y resolver controversias, tareas de gran escala para un organismo joven.
Desde la perspectiva de una empresa o entidad pública peruana (el avatar que guía esta reflexión: gerente de innovación, director de TI, responsable de cumplimiento), surgen preguntas apremiantes: ¿cómo identificar si mi sistema de IA será “de alto riesgo”? ¿Qué tan exigente será el reporte de transparencia? ¿Cuándo están obligados a someterse a auditorías o a mecanismos de supervisión externa? En el contexto internacional hay ejemplos que sirven de guía: la Unión Europea ya implementó su Acta de IA (AI Act) con exigencias estrictas para los sistemas de alto riesgo (explicabilidad, trazabilidad, derechos de apelación). Colombia, por su parte, debate propuestas híbridas similares que buscan equilibrar innovación y derechos.
Un caso internacional relevante es el de Brasil: con iniciativas como su Marco de IA responsable y políticas de gobierno digital, ha logrado insertar auditorías algorítmicas y estándares éticos en licitaciones públicas. Otro ejemplo es la Unión Europea, cuya estructura de categorización por riesgos y esquemas de sanciones fuertes está siendo emulada en Latinoamérica. Estas referencias sirven como espejo para el Perú: avanzar en el papel es un primer triunfo, pero la medición de resultados reales — reducción de sesgos, respeto a derechos, eficacia técnica— será el juicio definitivo.
En el Perú ya se registran señales de avance, particularmente en la banca: se ha reportado reducción de plazos de aprobación de proyectos basados en IA de meses a días, al optimizar procesos internos. Pero ese dinamismo debe ir acompañado de compliance, monitoreo y gobernanza, dos aspectos que muchas organizaciones desatienden. El riesgo es que la normativa termine siendo utilizada como barrera de entrada tecnológica formal, en lugar de plataforma de confianza competitiva.
Como consultor con más de 30 años de experiencia, reconozco que las regulaciones tienen sentido real cuando acompañan procesos de transformación escalable, no cuando se imponen desde arriba sin punto de aterrizaje pragmático. Por eso propongo una hoja de ruta de acompañamiento estratégico para empresas peruanas: primero, hacer un inventario de las iniciativas de IA en curso y clasificarlas según riesgo; segundo, definir planes de madurez de gobernanza de datos, con roles claros y estructura de control; tercer, adaptar las soluciones tecnológicas a los requisitos de trazabilidad, transparencia y supervisión humana; cuarto, entrenar equipos internos o contratar auditorías externas; y quinto, construir un piloto regulado (sandbox) para probar cumplimiento antes del lanzamiento masivo.
Solución con TODO EN UNO.NET: en mis consultorías acompaño todo el ciclo: análisis inicial (auditoría de sistemas, clasificando riesgos y brechas normativas), definición estratégica (mapa de cumplimiento, arquitectura ética e interoperabilidad normativa), e implementación acompañada (ajuste tecnológico, capacitación, auditoría de trazabilidad, governance continua). Esta solución fluye como una asesoría práctica y constante, no como un proyecto cerrado, asegurando que tu empresa no solo cumpla con la normativa, sino que convierta el cumplimiento en ventaja competitiva.
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A continuación una reflexión final que integra la visión de futuro, el valor humano y el llamado a acompañarte:
En el tránsito entre la sombra del papel y el impacto tangible en los procesos empresariales, muchos se sentirán abrumados, dudosos o paralizados. Esa es la frontera donde reside la verdadera transformación: reconocer que la tecnología sin ética ni gobernanza es un riesgo latente. Con TODO EN UNO.NET no solo diseñas tu normativa interna, sino tu ruta hacia innovación confiable, porque aumentamos la eficiencia de tu empresa con soluciones digitales y normativas. Con más de tres décadas de experiencia construyendo puentes entre la visión y la operación, mi equipo y yo actúamos como guía, pero también como aliado, ayudando a que empresas peruanas (y latinoamericanas) no solo cumplan una ley, sino que lideren con integridad, diferenciación y resiliencia.