Mis anteriores blogs y los debates en torno a la subasta del 4G, los comentarios de los foristas y las presiones indebidas de funcionarios de los operadores involucrados en la discusión, me permiten decir que el país está necesitando un centro de investigaciones, un think tank, independiente para el estudio y análisis de las TIC y su impacto en nuestra sociedad.
Me he permitido jugar en título con el nombre del que, quizás, sea el más neutral y objetivo de los centros de investigaciones existentes: el Observatics, de la Universidad Externado. Es solo de esta institución y se especializa en temas de derecho, lo que le permite esa independencia.
No estoy diciendo que los otros think tank reconocidos en el país no sean valiosos. Lo que pasa es que tienen comprometida su independencia para hablar de ciertos temas; si entre sus miembros hay operadores de telecomunicaciones y entidades del Estado, es apenas obvio.
Por ejemplo, el que es, de lejos, nuestro más importante think tank, el Centro de Investigaciones de las Telecomunicaciones (Cintel), el consejo directivo lo preside el Mintic y entre sus miembros están todos los operadores públicos de telecomunicaciones del país. No puede opinar con transparencia y objetividad total en varios temas, porque puede mortificar a algunos de sus contribuyentes, entonces, pasa de agache. No obstante, hay que recalcar que Cintel ha significado mucho en nuestra sociedad y, en especial, en el aporte a la construcción de conocimiento en las TIC.
La Corporación Colombia Digital es más joven y nació desde el sector privado, pero hoy tiene entre sus miembros al Mintic, a la ETB y a TeleBucaramanga. También está aportando al crecimiento del conocimiento en TIC, pero no puede entrometerse en temas que afecten a sus miembros. Debo mencionar a la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones que, por sustracción de materia, tiene enormes compromisos con sus afiliados.
El país está necesitando un centro de investigaciones en TIC que nazca de la academia y de los gremios, muy débiles por cierto. La Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem), la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas (Acis), y la Asociación Colombiana de Usuarios de Internet (Acui) deben ser actores importantes de todas esas discusiones que se vienen dando en el país.
Algunos, si no muchos, de mis lectores estarán sorprendidos con la existencia de Acui. Pues sí, en Colombia hay una asociación de usuarios de Internet. La existencia de un operador privado con una participación estatal ha eliminado las discusiones de los derechos de los usuarios de Internet en Colombia, un país con los más bajos anchos de banda ofrecidos, no solo en el mundo, también en América Latina. Por ejemplo, usted compra banda ancha en Valledupar y los operadores existentes (Movistar y Edatel) le ofrecen dos megas, pero muy rara vez le explican que es con reuso, a veces hasta de 6:1. Mejor dicho, su canal de Internet se lo pueden vender hasta a seis suscriptores, con lo cual su banda ancha se vuelve estrecha en las horas pico.
El mejor ejemplo de la necesidad de un nuevo think tank para las TIC, totalmente independiente, es la discusión acerca de la ‘capitalización’ que el Estado le hizo a Colombia Telecomunicaciones (Coltel) el año pasado. Los tres centros citados brillaron por su ausencia. Los redactores de tecnología de los medios están más preocupados por la guerra entre Apple y Samsung que por las realidades sociales y políticas nuestras. Hay muy poco análisis acerca de estos temas, y así pretenden acallar esta voz.
¿Cuántos congresistas leyeron el artículo científico, ‘Resumen de una tesis doctoral’, del Ph. D. Sergio R. Matias Camargo, acerca de esa capitalización? Lo pueden encontrar en http://bit.ly/ZDNqqx
El doctor Matias es un ilustre profesor e investigador de la Universidad Libre, cuya tesis doctoral, ‘Política pública de liberalización y privatización de las telecomunicaciones en Colombia’, demuestra que la venta de Telecom a Telefónica fue un mal negocio para el país y que, además, dicho operador viene incumpliéndole al país.
Y bajo el artificio o leguleyada de la supuesta posición dominante de Claro, abren una subasta para adjudicar el 4G, en el cual el mayor beneficiado es Movistar, porque restringen la empresa de Slim a una banda que convierte en costoso y demorado el desarrollo de la infraestructura necesaria.
¿Puede el Estado arriesgarse a adjudicar la subasta del 4G sin las mismas reglas de juego para el operador que hoy tiene la mayor infraestructura de antenas del país? ¿No será correr el riesgo que el beneficiado, Movistar Telefónica, le vuelva a incumplir al país y nos retrasemos dos o tres años más en la llegada del 4G?