Restringir enlaces prohibidos es tarea de los
operadores. No hay ninguno sancionado.
Mientras que bloquear una foto o un video de pornografÃa infantil colgados en
Internet tarda uno o dos dÃas en Inglaterra desde que el caso se denuncia, en
Colombia se pueden necesitar más de tres meses.
Ese es, según la denuncia de Carolina Piñeros, directora ejecutiva de la ONG
Red PaPaz, el talón de Aquiles de la polÃtica con la que el Gobierno está
enfrentando este flagelo, que está desbordado.
En nuestro paÃs, un solo proveedor de Internet puede registrar más de 64.000
intentos diarios de acceder a páginas con contenidos pornográficos que
involucran a niños, según la Cámara Colombiana de Informática y
Telecomunicaciones (CCIT). Por eso, este gremio acaba de lanzar una vigorosa
campaña contra el delito, de la mano del Ministerio de TecnologÃas de la
Información y las Comunicaciones (Min-Tic).
Esa cifra contrasta con el número de denuncias. A canales como teprotejo.org
o enticconfio.gov.co, diseñados exclusivamente para recibirlas, no llegan más de
20 denuncias cada dÃa.
El listado de enlaces bloqueados (no se restringen sitios completos, salvo
casos excepcionales) apenas alcanza los 6.000, según Min-Tic.
“El mensaje más contundente que queremos enviarle a la gente es que denuncie.
Necesitamos a 47 millones de colombianos revisando y denunciando enlaces con
este tipo de contenidos”, subraya Alberto Samuel Yohai, presidente de la CCIT,
que agrupa a los 19 operadores que proveen acceso a la red al 95 por ciento de
los colombianos.
Para Santiago Amador, lÃder de la iniciativa gubernamental EnticconfÃo, la
responsabilidad de que el trámite para restringir enlaces sea tan lento no recae
solo sobre las empresas proveedoras del servicio de Internet, sino sobre la
normativa vigente. “Hay un vacÃo normativo. Pasan 100 dÃas o más, porque la ley
no ha establecido un proceso de bloqueo más rápido”, explicó.
Y aunque ir directamente a la Unidad de Delitos Informáticos de la PolicÃa
acelera el proceso, el grueso de las denuncias se recibe mediante cuatro
canales, incluidos la página web del Instituto de Bienestar Familiar (ICBF) y el
CAI virtual de la PolicÃa.
Luego, el contenido denunciado lo analizan expertos de la Dirección de
Investigación Criminal (DijÃn) de la PolicÃa. Ellos le pasan un informe de los
enlaces o direcciones (URL) que violan la ley al Min-Tic, el cual hace pública
esa información, para que las empresas que ofrecen el acceso a Internet los
restrinjan.
“El trámite es lento porque, entre otras razones, hay muchas entidades en el
proceso”, agregó Amador. A eso se suma, dijo, enérgica, Carolina Piñeros, la
despreocupación de los operadores. “Ninguno tiene un analista de contenidos y
solo se basan en el listado (de la DijÃn)”, asegura.
Nos tomamos un par de URL que deberÃan estar restringidas y comprobó que
no lo están. Por no bloquear enlaces o hacerlo parcialmente, actualmente hay 14
investigaciones en curso contra proveedores de acceso a la web, pero ninguna
sanción.