El Gobierno, la Alcaldía y los operadores
de telefonía móvil buscan llegar a acuerdos para que las antenas del 4G causen
el menor impacto urbano en Bogotá.
La llegada de la tecnología de cuarta generación o 4G a Colombia, que promete
revolucionar el sector de las telecomunicaciones a partir de diciembre y
comienzos del próximo año, va a multiplicar por cuatro el número de las antenas
instaladas en Bogotá. Es decir, la cifra de estos aparatos podría llegar a
40.000, según los cálculos de la Agencia Nacional del Espectro (ANE).
Esta proyección ya prendió las alarmas ante los posibles impactos que ello
puede causar en el paisaje urbano de la capital y, además, han surgido
preocupaciones por los eventuales riesgos para la salud. Aunque el Ministerio de
Protección Social y la Organización Mundial de la Salud (OMS) coinciden en que
hay una falta de “certeza científica” sobre este último riesgo, la Secretaría de
Salud recordó recientemente un estudio epidemiológico, del 2011, cuyos
resultados señalaron que “mientras más cercanas estén las antenas, se presentan
mayores casos de cefalea, fatiga, vértigo y dificultad para concentrarse”.
Para mitigar el impacto visual y prevenir las afectaciones de la salud –y
ante la llegada del 4G–, el Gobierno, el Distrito y los operadores ya completan
15 reuniones de trabajo durante los últimos dos meses. Las partes buscan
unificar criterios para instalar dicha infraestructura, que aumentará la
velocidad en los planes de datos de los teléfonos inteligentes y en Internet
móvil. Pero, al mismo tiempo, quieren establecer consensos con el fin de que
haya un respeto del medio ambiente, el entorno urbano y la calidad de vida.
Habrá nuevas
normas
La modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), ordenada por un
polémico decreto del alcalde Gustavo Petro, llevará al Distrito a expedir una
nueva reglamentación en esta materia, pues ahora se permite que las antenas se
instalen en el espacio público, según el artículo 216 del POT, y se abren las
puertas para que la ciudad reciba recursos a raíz de esa explotación comercial
en manos de los operadores privados.
EL TIEMPO estableció que la Administración estudia tumbar restricciones
vigentes, como la que prohibe la instalación de antenas a 200 metros de centros
educativos, geriátricos y de salud. Además, se eliminarían las distancias de 250
metros entre unas y otras.
No obstante, el secretario de Planeación, Gerardo Ardila, advirtió que esto
solo podría ser realidad si los operadores de telefonía móvil cumplen con varias
condiciones, entre ellas tramitar el permiso de instalación ante la entidad,
pues se ha descubierto que arriendan predios para ubicarlas de manera ilegal.
Según la Contraloría Distrital, de 9.534 estaciones en Bogotá (la mayoría en
Chapinero y Engativá), solo 764 cuentan con la aprobación.
Pero no solo eso. A los empresarios se les exigirá que realicen una inversión
en desarrollo tecnológico para que las antenas del 4G se mimeticen y generen el
menor impacto urbano posible, tal y como ocurre en las grandes ciudades de
Europa. Algo que sea muy diferente a esas infraestructuras viejas que saltan a
la vista y que inundan azoteas de casas y edificios en Bogotá.
“La ciudad no puede estar sumida en problemas de comunicaciones por normas
restrictivas, y estamos tratando de llegar a acuerdos que son fundamentales”,
anticipó Ardila. Uno de los puntos claves en la discusión es la instalación de
antenas en La Candelaria, una de las zonas con mayores problemas de cobertura,
pues hay restricciones por la presencia de universidades y casas de conservación
cultural.
El director de la ANE, Óscar León, señaló que el punto más importante en el
debate es la mimetización de las antenas del 4G. La entidad ha señalado que la
infraestructura debe ser de bajo impacto, con antenas y equipos más pequeños.
“En Barcelona o París uno no las ve por ninguna parte”, anotó León. Agregó que,
más que las distancias de las antenas frente a colegios, centros geriátricos o
de salud, lo crucial es el nivel de potencia de transmisión, y recordó que ya
existe una regulación al respecto, que data del 2005.
Por su parte, el presidente de Asomóvil, Rodrigo Lara, anunció que los
operadores están comprometidos a efectuar inversiones para mimetizar las antenas
de 4G y, además, a compartir estaciones, con el fin de reducir al máximo el
impacto. “Cuando las normas son muy restrictivas, hacen imposible la prestación
del servicio y el despliegue de infraestructura, por lógica, se vuelve caótico”,
puntualizó Lara.
Presentaron proyecto
de ley
A solo tres meses de la llegada del 4G, el partido Mira, a través del senador
Carlos Baena, radicó esta semana un proyecto de ley para regular la instalación
de esta infraestructura.
El exconcejal Carlos Guevara, de ese movimiento, señaló que se debe aplicar
el “principio de precaución” para evitar una instalación indiscriminada de
antenas por toda Bogotá, que se conviertan en “focos generadores de ondas
electromagnéticas”. Mira busca que se respeten criterios técnicos, sociales y de
seguimiento y control.