En conversación con Semana.com el registrador nacional Juan Carlos Galindo, aclaró que el gasto presupuestal para esta iniciativa sería inmenso, por lo cual el Estado no está equipado para implementarlo, por ahora.
La semana pasada el registrador Juan Carlos Galindo se estrenó en el Senado. Armando Benedetti y Claudia López lo citaron a un debate de control político para exponerle las presuntas iregularidades en la organización y el escrutinio en las pasadas elecciones regionales y hasta denunciar un supuesto carrusel de contratación en la entidad.
El registrador, que apenas lleva unos meses en su cargo, aceptó las críticas a la entidad y se comprometió a adelantar una tarea líder en la toma de los correctivos. Propuso un nuevo censo electoral como fórmula para blindar las elecciones del fraude.
Pero fue cuestionado porque la Registraduría no cumplió la ley que establecía la obligatoriedad del voto electrónico para el 2014. En esta entrevista advierte que no hay condiciones para cumplir ese mandato.
Semana.com: ¿Cómo recibió la Registraduría?
Juan Carlos Galindo: Desde el punto de vista electoral, la encontré con grandes avances en procesos de escrutinios, inscripción de candidatos, inscripción de cédulas, y en general gran mejoramientos en los procesos. Sin embargo, hay falencias en los equipos, interoperabilidad de las bases de datos y sobre todo persiste la desconexión entre la sede central y las registradurías municipales.
Semana.com: ¿En qué consiste la iniciativa para modificar el censo electoral?
JCG: Con el Censo Cero queremos construir una nueva base de datos de ciudadanos colombianos habilitados para votar, con un período de inscripción largo para que nadie se quede por fuera de este nuevo censo. Hay varias ideas, falsas o verdaderas, de que los muertos continúan votando. Con esta iniciativa podríamos validar de forma definitiva que el ciudadano que llegue a la Registraduría es el que queda inscrito. Así depuraremos la trashumancia electoral y la base de datos de los votantes. Esto nos garantizará un mayor control de que la persona sí vive en ese municipio y que está acreditando para votar en su lugar de residencia.
Semana.com: ¿Por qué va a ser imposible que vote un muerto?
JCG: Con esta iniciativa todas las personas tendrán que acudir a la Registraduría para inscribir su nombre y allí se va a validar su presencia y su identidad biométricamente. Esta tecnología es lo que nos permitirá verificar que no haya suplantación u otro tipo de delitos, porque cuando alguien muere, nosotros recibimos los registros de defunción y sacamos a esas personas del sistema. Por eso es fundamental construir una nueva base de datos con todas las seguridades para que cumpla su cometido.
Semana.com: Algunos críticos de la Registraduría cuestionan que los encargados del proceso electoral sean contratistas?
JCG: Primero hay que entender cómo funciona este proceso. Los funcionarios del área electoral se dedican a conceptualizar los procesos, diseñarlos y prepararlos. Pero para efectos de su ejecución, acudimos a los contratistas. Son procesos muy grandes, tenemos que lograr organizar el censo electoral, la inscripción de candidatos, elaborar los kits electorales, recoger esa documentación, procesarla en el preconteo y comisiones de escrutinios. Eso implica comprar una gran cantidad de bienes y contratar más de 30.000 personas. Donde nosotros tuviéramos que hacer eso internamente, nuestra planta no sería de 3.800 personas, sino de por lo menos 40.000, lo cual sería imposible de manejar. En la preparación del proceso electoral hay que hacer todo eso y nosotros no podemos hacerlo desde el punto de vista de costos, por eso tenemos contratistas para manejar los procedimientos más complejos.
Semana.com: ¿En el conteo no hay riesgo de fraude?
JCG: Nuestra gente está presente en cada una de las etapas del proceso, pero por más que lo blindemos, tiene unas dificultades que son los puntos de fuga. Para el escrutinio, tenemos que utilizar un recurso humano que no es nuestro ni de los contratistas; son ciudadanos que fungen como jurados de votación. A veces sucede que personas externas a la entidad acceden a esa información, buscan a los jurados, les dan plata para que les ayuden y los permean. Allí puede haber posibilidades de fraude. Un jurado puede poner que tal persona votó y meter votos. Ahí hay una debilidad. Otra que estamos viendo cómo corregir es que los jurados se equivocan llenando los resultados, ya sea de buena o mala fe. En vez de poner un voto, ponen diez votos o cien votos. El mejor remedio para solucionar este problema son los testigos electorales. Si hubiera uno en cada mesa de votación desde que empieza la jornada hasta el fin del escrutinio, se controlaría ese tema.
Semana.com: ¿Qué va a pasar con el voto electrónico en Colombia?
JCG: La decisión sobre el voto electrónico es difícil y requiere considerar muchos aspectos: cuál es la tecnología adecuada para el país, cuál ha funcionado en otros contextos y cuál es su seguridad. También hay que considerar los costos. Esas máquinas y su software pueden costar entre US$2.000 y US$5.000 por máquina y tenemos 100.000 mesas de votación, lo cual implicaría costos de más de un billón y medio. Las elecciones en papel siguen siendo más baratas, están entre $350.000 millones y $450.000 millones cada una. No es claro de dónde saldrían los recursos para implementar el voto electrónico en el corto plazo. Si además consideramos que hay que invertir recursos para evitar ciberataques, por ahora no veo posible el voto electrónico en el corto plazo.
Semana: ¿Cuál es el principal delito electoral?
JCG: El fraude. Es la compraventa de votos, el constreñimiento de los electores e incluso la trashumancia, que aunque no es un delito en sí mismo, podría constituirse como tal, a través del pago. También están la compra de jurados, la manipulación de los documentos electorales y su falsificación. Todo esto es tan complejo que por eso tenemos el acompañamiento de la Procuraduría en cada etapa del proceso. Creo que sería indispensable que la Fiscalía también se sumara a este equipo de vigilancia para garantizar mayor transparencia.
Cifras: 111 procesos, 1.156 oficinas en el país, 3.500 funcionarios.