La prohibición para que las empresas de telefonía celular puedan operar en las cárceles y de paso la eliminación, de una vez por todas, de los inhibidores de señal en los penales, además de la creación del delito de asesoramiento a organizaciones criminales, y la suspensión del plazo de 36 horas para la legalización de capturas cuando éstas son múltiples, son algunos de los aspectos que contendría el decreto que el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, confía sea expedido en las próximas horas por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, esto en uso de las facultades que le fueron otorgadas para emitir normas relacionadas con la paz.
“Ya no es el Estado contratando inhibidores, sino que no pueden prestar el servicio. Eso es lo que necesita el país”, dijo Martínez a Colprensa al señalar que más del 55% de las extorsiones provienen de los penales.
Otro aspecto clave presente en el decreto está relacionado con la suspensión del periodo de 36 horas para recurrir a un habeas corpus en la legalización de capturas, por lo menos en cuanto a procedimientos donde las detenciones son numerosas.
Otro aspecto clave presente en el decreto está relacionado con la suspensión del periodo de 36 horas para recurrir a un habeas corpus en la legalización de capturas, por lo menos en cuanto a procedimientos donde las detenciones son numerosas. Según el fiscal cuando las autoridades capturan a 40 o 50 personas en un mismo operativo, las audiencias de legalización están superando las 36 horas que por ley se tienen para ese procedimiento, lo cual se ha convertido en una estrategia de algunos defensores para frustrar los operativos. Las declaraciones fueron entregadas durante un foro en Valledupar, donde Martínez justificó la necesidad de la nueva normatividad para combatir el crimen organizado.