Según Erick Rincón, abogado experto en derecho y tecnologías, en el país pocas firmas usan las herramientas electrónicas y digitales para el ejercicio de la profesión.
Erick Rincón, abogado experto en derecho y tecnologías.
La relación de los abogados con la tecnología es de amores y odios. Para unos, en especial para los nativos digitales, se trata de un aspecto esencial en el ejercicio de su profesión, pero para otros, la tecnología es un asunto exclusivo de los ingenieros.
Muy pocos saben que en los Estados Unidos, autores tan respetados como el profesor Richard Susskind, de la Universidad de Oxford, vaticinan que para la segunda mitad de este siglo, los abogados en ese país serán una especie en vía de extinción gracias a los avances tecnológicos que permitirán a los usuarios prescindir de sus servicios y valerse de poderosas herramientas de inteligencia artificial para resolver sus trámites y procedimientos en materia legal y judicial con total confiabilidad y a menor costo. Más automatización y simplificación por un lado, y más autogestión por el otro, parecen ser los paradigmas de la profesión jurídica hacia el futuro.
En Colombia, ciertamente estamos lejos de un escenario como ese, pero ello no significa que la tecnología sea un tema secundario. Por el contrario, es la punta de lanza para elevar la calidad y eficiencia de los servicios jurídicos en un entorno cada vez más competitivo e innovador. La rama judicial no es ajena a los enormes desafíos en este campo, y tanto la política sectorial como las normas e instituciones que rigen el sector incorporan un alto componente tecnológico en aras de fortalecer la operatividad de la administración de justicia.
Para Erick Rincón, abogado rosarista y consultor en temas de Derecho y tecnología, exgerente de Certicámara y de Legis, el tema debe abordarse al menos desde tres ángulos: el contexto global, el ejercicio de la profesión en Colombia, y la justicia como servicio público de cara al ciudadano. Rincón, quien acaba de asumir la dirección del proyecto JUSTIC, lanzado hace pocos días por la Universidad del Rosario con el fin de promover la investigación y el uso de las tecnologías en el campo del Derecho, compartió con Portafolio sus puntos de vista.
¿En qué va la tecnología aplicada al ejercicio del Derecho en el mundo?
Lo que está marcando la pauta es la inteligencia artificial. Gracias al llamado learning machine es posible que una herramienta vaya ‘autoaprendiendo’ sobre cómo resolver un caso, con qué argumentos, ante qué juez, todo basado en cálculos rigurosos que aseguren las mayores probabilidades de éxito. Incluso ya se habla del deep learning, que es algo mucho más avanzado pues desarrolla sus propios patrones sin necesidad de insumos de información.
En las últimas décadas hemos evolucionado de una etapa de analítica descriptiva, que arrojaba un resultado a una búsqueda, a una analítica predictiva, que define patrones en función del resultado esperado. Esto es lo que hace por ejemplo Ross, de IBM, un abogado creado a partir de inteligencia artificial.
También hay desarrollos asombrosos en computación cognitiva como Premonition, que indican al usuario cuál es la mejor estrategia para resolver su caso. En Estados Unidos, firmas tan importantes como Sidley Austin o Norton Rose ya no son las principales facturadoras y han sido superadas por Legal Zoom, un emprendimiento que ofrece asesoría jurídica en la web a través de formatos autoejecutables. Servicios que podían costar 2.000 o 3.000 dólares en una oficina de abogados tradicional ahora cuestan 7 o 10 dólares. El paradigma ha cambiado.
¿Cómo están hoy las competencias tecnológicas del abogado colombiano?
Lamentablemente no son las mejores. El abogado colombiano sigue muy apegado a lo manual y a lo convencional. Pocas firmas tienen una real aproximación a la tecnología como herramienta para el ejercicio de la profesión, pero los abogados en general siguen aferrados al papel y no conocen ni utilizan herramientas de Big Data que les ayudarían a organizar y manejar grandes volúmenes de información. Esto trae reprocesos e ineficiencia en la operación de la labor jurídica y muchos de esos costos se trasladan a los clientes.
¿Por qué se le dificulta tanto al abogado hacer uso de la tecnología?
En buena parte porque los currículos de las facultades de Derecho del país abordan este asunto de una manera absolutamente marginal, y eso hace que muchos abogados vean la tecnología como un tema irrelevante. Pocas disciplinas como la nuestra, se apoyan tanto en la tradición oral y muchas veces, lo que trasladamos a los estudiantes son las taras propias de nuestra formación, sobre todo aquellos profesores que se aferran a un estilo demasiado magistral.
El abogado erudito que recitaba la jurisprudencia al derecho y al revés y tenía siempre la cita legal a flor de boca ya no es necesario, porque para eso están los sistemas expertos. Incluso, muchas de las dudas jurídicas del día a día pueden resolverse fácilmente con ayuda de Google. De otra parte, la brecha generacional que separa a los abogados nativos digitales de los demás sigue siendo un gran obstáculo.
Eso en cuanto a la formación, ¿y en cuánto a la práctica?
Seguimos creyendo que solo la solemnidad y la formalidad pueden cumplir a través de medios físicos o convencionales, y que el medio electrónico se encuentra desprovisto de esa misma seriedad y confiabilidad y por tanto, no garantiza seguridad jurídica. Nada más errado. Hoy los medios electrónicos aseguran la misma validez jurídica y probatoria.
¿Cómo puede un abogado o una firma agregar valor a los servicios que presta?
El ordenamiento jurídico colombiano es demasiado complejo y padece una alta proliferación normativa, casi siempre, en desmedro de un derecho de calidad. Lo propio ocurre con las líneas jurisprudenciales, que evidencian ciertas contradicciones preocupantes. Por ende, nuestra labor interpretativa, con un adecuado apoyo de la tecnología, seguirá siendo fundamental y se acercará mucho más al campo de las humanidades, la argumentación y la teoría jurídica.
¿Cómo va la rama judicial en cuanto a esta irrupción tecnológica?
La rama viene ejecutando un plan estratégico en materia tecnológica desde hace varios años. Sin embargo, sus problemas principales son la infraestructura y la brecha cultural que persiste en algunas instancias. Hay gran expectativa en temas como el expediente electrónico, la solución integral de notificación electrónica, y la herramienta para la consulta de precedentes judiciales, que ya existe pero es exclusiva para jueces y magistrados. Aún tenemos un retraso sensible que afecta a los operadores jurídicos.