En una contrarreloj se ha tornado para miles de empresas la depuración de sus bases de datos con el fin de adaptarse a las nuevas exigencias del hábeas data, que obliga a que cualquier información personal contenida en ellas esté autorizada por el dueño.
El coco que ha motivado el apuro es la posibilidad de recibir sanciones hasta de 2.000 salarios mínimos mensuales si incumplen, que ha anunciado la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). Esa es la razón para la avalancha de menajes electrónicos que tienen inundados los correos electrónicos en los últimos días.
El decreto 1377 que reglamentó la Ley 1581 establece que el permiso debe ser obtenido a través del contacto directo con el titular, y solo en casos excepcionales –si el costo amenaza la estabilidad económica de la empresa, si la cantidad de datos es extremadamente alta o si no se cuenta con direcciones y teléfonos actualizados– permite que se haga por un medio masivo o incluso de la página web de la compañía.
Y aunque ya algunos abogados e incluso el senador Luis Fernando Velasco anunciaron que demandarán la norma –porque consideran que es inconstitucional concluir que si alguien no contesta a los correos en un mes es porque tampoco se opone a que se usen sus datos– la tarea se sigue cumpliendo con celeridad.
De hecho, 755 firmas se han acogido al mecanismo alterno de la publicación a través de medios masivos, que solo era válido hasta el 27 de julio, y aguardan a que la Superintendencia les notifique si les acepta sus argumentos. De no ser acogidos estos, tendrían que buscar cómo comunicarse con cada uno de sus clientes.
Mientras tanto, firmas como Une, que maneja datos de más de un millón 700 mil usuarios, han implementado todas las formas posibles de comunicación y están aprovechando incluso las facturas. El tráfico en su call center, según su director de Excelencia al Cliente, Silvio Triana, ha aumentado en un 20 por ciento.
Mientras que culmina la labor, ha suspendido los medios de comunicación que les llegan a sus clientes y tienen congelados estudios para medir la satisfacción con el servicio.
Pero no son los únicos. De hecho, la Asociación Colombiana de Empresas de Investigación (ACEI), que reúne a 13 compañías que hacen este tipo de encuestas, reporta una baja del trabajo en 15 por ciento y augura que la situación no mejorará hasta principios de septiembre.
“No somos los responsables de las bases de datos con las que contactamos a la gente, pero tenemos que exigirles a nuestros clientes la certificación de que cuentan con el permiso”, anotó el vocero de ACEI, Javier Restrepo.
Esto, dice Restrepo, les significará una afectación en el cumplimiento de los presupuestos para un sector que mueve 200 mil millones de pesos al año.
Firmas encuestadoras, como Invamer Gallup, manifestaron que su labor no se afecta, porque no revelan información particular sino cifras globales.
SUPERINTENDENCIA, A DETECTAR INFRACTORES
La queja primero debe ir al responsable de la información y, si no se corrige, ponerse ante la autoridad.
Un equipo de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) estará atento a las infracciones que se cometan a la ley de hábeas data (1581 del 2012) y del decreto 1377 de junio pasado, que la reglamenta.
Así lo anunció el superintendente delegado para la Protección de Datos, José Alejandro Bermúdez, quien advirtió que hay un equipo de investigadores designados para este proceso y que goza de amplias facultades para imponer sanciones.
Estas pueden llegar incluso a 2.000 salarios mínimos mensuales o, de ser reiterativa la falta, contemplar la suspensión de operaciones para la empresa, si se trata de información ‘sensible’ (la que tiene que ver con filiación religiosa, política o racial, por ejemplo).
El afectado con la utilización de datos que no ha permitido expresamente debe pedirle al responsable que los omita o corrija y si no obtiene una respuesta satisfactoria en 15 días, puede llevar el caso a la SIC (carrera 13 No. 27-00 de Bogotá; teléfono (1) 5920400 begin_of_the_skype_highlighting 
(1) 5920400 GRATIS end_of_the_skype_highlighting o www.sic.gov.co).
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“Nosotros podemos iniciar investigaciones de oficio o a petición de partes”, explicó Bermúdez.
También informó que en el caso de la aplicación de la Ley 1266 que tiene que ver con los reportes publicados por las centrales de riesgo financiero, han impuesto hasta ahora más de 370 sanciones por más de 5.000 millones de pesos. También han emitido más de 200 ordenes administrativas ordenando corrección o eliminación de información.
No obstante, afirmó que para el caso de la nueva legislación de hábeas data se ha hecho más hincapié en la labor pedagógica y la asesoría directa y, como resultado, se advierte una buena disposición de las empresas para cumplir con los plazos y los términos.