Los sectores tradicionales están llamados a reinventarse y transformarse digitalmente.
Si algo quedó claro con el reciente fallo que ordenó a Uber suspender sus operaciones en Colombia y a la aplicación de transporte en motocicletas Picap entrar en liquidación es que este tipo de aplicaciones u otras como Airbnb y Rappi no pertenecen a la “Economía Naranja”.
El Gobierno explicó que esta corresponde únicamente a las actividades asociadas con las artes visuales y escénicas (como el teatro y la música), las industrias culturales (donde están las editoriales, las compañías audiovisuales y los organizadores de espectáculos públicos) y las industrias creativas o creaciones funcionales (por ejemplo el diseño, la publicidad, los videojuegos y las artes gráficas en entornos digitales).
Antes que mirar con desprecio a los desarrolladores de software, ‘testers’, analistas de ciberseguridad y programadores, lo que hizo el Gobierno fue trazar una línea entre la Economía Naranja y la Economía Digital, recordando eso sí que la primera tiene un amplio portafolio de estímulos para los emprendedores y que la segunda en cambio debe enfrentarse a todos los desafíos jurídicos de unas normas que no van al mismo ritmo que la industria tecnológica.
Lo anterior quiere decir que independientemente de si estas plataformas son o no parte del sector bandera del Gobierno Nacional, el marco regulatorio debe crearse con urgencia así como corregir las asimetrías jurídicas existentes.
No nos digamos mentiras, aunque plataformas como Rappi han evidenciado debilidades en la afiliación de seguridad social de sus domiciliarios o Uber en cuanto a las pólizas que adquiere cada vehículo, lo cierto es que están en juego los ingresos de más de 200.000 colombianos que dependen de este tipo de aplicaciones y los servicios demandados por más de 2 millones de usuarios que necesitan transportarse.
Se trata de cifras para nada despreciables en un momento en el que la economía este año intenta frenar la creciente tasa de desempleo que ya está en dos dígitos (en 2019 ascendió a 10,4 por ciento).
Me pregunto qué sucede con el sector de los taxistas en Bogotá que aunque están en su legítimo derecho de reclamar condiciones competitivas para su adecuado funcionamiento aún siguen en deuda con los usuarios en cuanto a ofrecer un estándar de servicio de calidad que realmente les compita a las condiciones ofrecidas por las plataformas digitales.
Hay que preguntarse además por qué razón siguen siendo tan precarios los mecanismos de afiliación y por qué no han avanzado en materia de transformación digital en este sentido. ¿Acaso se pone en riesgo el negocio de los cupos que por tantos años ha dominado el mercado y que con el auge de la economía digital se ha venido de capa caída?
Claro que es natural que ante la inminente llegada de la Cuarta Revolución Industrial estos sean los debates sobre los cuales el país debe enfocarse. Sin embargo, en ese panorama el Gobierno y el poder legislativo deben ser conscientes de la necesidad de conciliar y entender a todas las partes afectadas sin tomar partido.
Los sectores tradicionales están llamados a reinventarse y transformarse digitalmente porque de lo contrario no habrá norma que impida a los usuarios beneficiarse de los avances tecnológicos.